Manifestación contra la ley mordaza
Amnistía Internacional exige la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, cuando se cumplen cuatro años de su entrada en vigor al considerar que es “una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información” y recuerda que la organización ha recogido ya más de 125.000 firmas en su centro de activismo online para pedir la modificación de la Ley Mordaza, una campaña de recogida de firmas que aún sigue abierta.
El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán se ha expresado así en el cuarto aniversario de la entrada en vigor de la norma, que fue aprobada definitivamente en marzo de 2015, con los votos de PP y UPN y el rechazo de toda la oposición, tras 16 meses de tramitación parlamentaria.
“Cuando entró en vigor en 2015, pensábamos que esta Ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraron su rechazo, pero han pasado cuatro años, se ha producido un cambio de gobierno, una parálisis institucional y el caso es que sigue vigente hoy”, se queja Beltrán
El representante de AI insiste en que “la Ley Mordaza es una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información” y denuncia que “durante cuatro años se viene empleando contra cientos de periodistas mientras intentan documentar abusos, miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos”.
Por lo que piden “al Parlamento que reforme de una vez por todas los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica en los primeros seis meses desde su constitución”.
Según Amnistía, la entrada en vigor de la LOSC “también ha supuesto la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos”.
Y critica que “de igual modo, su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales”.
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