«Las restricciones contra las mujeres y las niñas están claramente diseñadas para atacarlas a ellas en concreto. Se han violado sus derechos y se las ha excluido de la participación en la sociedad. Las mujeres y las niñas afganas se ven obligadas a vivir como ciudadanas de segunda, silenciadas e invisibilizadas», ha sentenciado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
Por su parte, el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Santiago Cantón, ha afirmado que las políticas de las autoridades ‘de facto’ en Afganistán son un «sistema de represión que aspira a subyugar y marginar a las mujeres y niñas en todo el país».
El análisis jurídico publicado por AI y por la Comisión, que abarca hechos entre agosto de 2021 y enero de 2023, detalla que las «restricciones draconianas» impuestas por los talibán contra las mujeres y las niñas «cumplen los criterios necesarios» para ser consideradas «crimen de lesa humanidad», ha destacado Cantón.
En concreto, estas acciones, que son «organizadas, generalizadas y sistemáticas», abarcan desde la prohibición de trabajar a la detención arbitraria, la desaparición forzada y la reclusión, pasando por la tortura o los malos tratos.
«No cabe duda alguna de que se trata de una guerra contra las mujeres: las privan de vida pública; les impiden el acceso a la educación; les prohíben trabajar; las inhabilitan para circular libremente; las encarcelan, torturan y someten a desaparición forzada, incluso por mostrarse contrarias a estas políticas y resistirse a la represión», ha destacado Callamard.
Tanto AI como la Comisión recalcan que los talibán realizan estos actos «mediante el aparato de seguridad del Gobierno anterior», así como con la «implicación» de la Policía afgana y las fuerzas de seguridad de los talibán.
«Obligar a los talibán a rendir cuentas penalmente y hacer frente a la impunidad rampante de los graves crímenes documentados en este informe es un paso necesario para garantizar justicia a quienes sobreviven a sus atroces prácticas», ha subrayado Cantón.
En la misma línea, Callamard ha recalcado que «la gravedad» de los crímenes exige una «respuesta internacional mucho más enérgica que la observada hasta la fecha. «Hay un único desenlace admisible: debe desmantelarse este sistema de opresión y persecución fundada en motivos de género», ha zanjado.
Por todo ello, las dos organizaciones proponen establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas independiente, al albor de Naciones Unidas, que investigue los crímenes de Derecho Internacional cometidos contra mujeres y niñas en Afganistán.
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