Amnistía Internacional censura las penas impuestas por el Tribunal Supremo en su sentencia por el procés y reclama que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart salgan inmediatamente de prisión. “La condena de Sànchez y Cuixart por sedición viola sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, afirma la organización, que sostiene que “ambos deben ser puestos en libertad de forma inmediata”.
Así lo reclama Amnistía Internacional en un comunicado en el que afirma que las penas de cárcel impuestas a los dos líderes de la sociedad civil y a otros siete altos cargos catalanes “son consecuencia de la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español y de la interpretación, excesivamente amplia y peligrosa, de esta definición que ha hecho el Tribunal Supremo”.
De ahí que tanto Sànchez como Jordi Cuixart “deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas por sedición deben ser anuladas”, defiende Daniel Joloy, asesor general de Política de Amnistía Internacional. “Al mismo tiempo que nuestro análisis no halló ningún factor que indicara que el juicio en su conjunto fuera injusto, es evidente que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición fue excesivamente amplia y se tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos”, remarca.
Según esta institución, “como ciudadanos particulares y líderes de organizaciones de la sociedad civil, Sànchez y Cuixart tenían derecho a expresar sus opiniones y a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña”.
Además, esta organización apunta que “aun en el caso de que la finalidad de alguna de estas reuniones u otras acciones emprendidas por ellos fuera impedir el cumplimiento de una resolución judicial, el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica”. “Presentar cargos excesivamente severos por actos de desobediencia civil restringe indebidamente el derecho de reunión pacífica y vulnera el derecho internacional”, destaca.
Dicho esto, Amnistía considera que “el Parlamento debe revisar con carácter urgente la definición del delito de sedición para no criminalizar actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión pacífica o de expresión”.
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