Amnistía Internacional denuncia «discriminación y violación de derechos» a los mayores durante la pandemia en España

En lo que se refiere a España, el ‘Informe 2020/21 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo’ precisa que «suscitaron preocupación, por ser discriminatorios y violar el derecho a la salud, los protocolos de derivación de pacientes adoptados en Madrid y Cataluña, que recomendaban tratar a las personas de mayor edad con COVID-19 en las residencias en lugar de trasladarlas a hospitales».

«En Cataluña y Madrid muchas personas mayores que vivían en residencias no fueron atendidas de forma individualizada, no fueron trasladadas a hospitales cuando lo necesitaban y se les impidió ver a sus familias durante largos periodos de tiempo», ha explicado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Tal y como ya denunció Amnistía el pasado mes de diciembre, las personas mayores en residencias han sido «abandonadas a su suerte» durante la emergencia sanitaria.

En el momento álgido de la pandemia, según precisa la ONG, algunas «estuvieron confinadas indefinidamente en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades regionales y nacionales, lo que dio lugar a violaciones de sus derechos humanos».

En todo ese tiempo, según añade la organización, las asociaciones de profesionales de la salud expresaron su preocupación «por la persistente escasez de personal y por la falta de medidas para dotarlo de EPI suficientes y de calidad, así como la inadecuada provisión de asistencia médica» a la población de las residencias de mayores en los primeros meses de la pandemia.

Además, la ONG indica que el número de muertes por COVID-19 entre la población de edad avanzada fue «desproporcionado». Según los últimos datos facilitados por el IMSERSO, de marzo de 2021, casi 30.000 mayores han fallecido en residencias durante la pandemia.

Sobre el personal sanitario, el informe precisa que ha estado «expuesto a sufrir las consecuencias de la pandemia» y «no ha tenido medios suficientes para hacerla frente» durante muchos meses, especialmente durante la primera ola. En concreto, enumera «la falta de personal, los horarios excesivos y la ausencia de equipos de protección adecuados».

«En el último año, el sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio básico entre el abandono y el desmantelamiento», asegura Beltrán.

A pesar de todo, según precisa, «la respuesta del personal sanitario, exponiéndose sin la protección y los recursos debidos a la pandemia de COVID-19 para salvar vidas, ha sido una de las mejores muestras de humanidad que ha dejado el año 2020». «Cuando los gobiernos no cumplen, es el coraje de la gente corriente el que hace frente a la adversidad», ha destacado.

SIGNIFICATIVO AUMENTO DE LLAMADAS AL 016

Por otro lado, el informe de Amnistía Internacional recoge el «significativo aumento» de las llamadas al 016, el teléfono contra la violencia de género. En concreto, el documento señala que durante el confinamiento, el número de mujeres que llamaron a estas líneas telefónicas de ayuda gestionadas por el Ministerio de Igualdad aumentó un 60% respecto al mismo periodo del año anterior, y el número de consultas online, un 586%. Asimismo, recuerda que un total de 45 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas.

Además, a pesar de la «buena noticia del vaciado temporal» de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) al inicio de la pandemia, la organización denuncia que «las personas migrantes han sido desatendidas en su derecho a la protección internacional en las Islas Canarias donde se cursaron órdenes de expulsión sin respetar las garantías y procedimientos que recoge la ley».

En este sentido, apunta que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, «miles de personas permanecieron hacinadas y en condiciones inhumanas durante semanas en el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán de Gran Canaria», algo que también ha denunciado el Defensor del Pueblo.

En el informe también denuncia que durante el confinamiento «se recluyó a personas migrantes y refugiadas en centros masificados de Melilla» y «sin protección adecuada frente a la COVID-19».

«El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla continuó desbordado durante la pandemia, con una población de hasta 1.600 personas entre las que había menores de edad, así como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. A pesar de los riesgos para la salud, los traslados de personas desde Melilla hasta el territorio continental español fueron limitados», asegura.

Por otra parte, el documento indica que la policía puso «más de un millón de multas» y «sancionó arbitrariamente a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia». Asimismo, dice que la falta de vivienda asequible y el sinhogarismo continuaron suscitando «gran preocupación».

Además, Amnistía afirma que persistieron las denuncias sobre «uso excesivo de la fuerza» por agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas.

Según añade, el estado de alarma decretado por el Gobierno y el confinamiento, entre marzo y junio, «acrecentó la tendencia ya mostrada con la entrada en vigor de la ley mordaza hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad, sin mecanismos adecuados de control de actuaciones arbitrarias, en detrimento de la protección de los derechos de las personas, especialmente las más vulnerables».

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