En un informe, la organización ha lamentado que las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus han expuesto a estos grupos a «más discriminación y abusos contra los Derechos Humanos», además de un aumento de la violencia a manos de las fuerzas de seguridad.
Esto también habría contribuido a un acceso aún más reducido a servicios esenciales como alimentos, atención médica y vivienda. Tras realizar un sondeo, AI ha señalado que cerca de un 69 por ciento de organizaciones encuestadas estiman que las respuestas dadas por los Estados ante la COVID-19 han «agravado las consecuencias negativas de leyes y normas preexistentes que criminalizaban y marginaban a las personas con las que trabajan».
Así, cerca del 90 por ciento considera que las comunidades con las que trabajan se han visto «específicamente afectadas» o han sufrido «consecuencias desproporcionadas» por la aplicación de medidas contra el coronavirus.
Entre otras medidas punitivas, las organizaciones han mencionado el uso generalizado de multas, detenciones, amonestaciones, apercibimientos por escrito y órdenes policiales. «Aunque las medidas adoptadas contra la COVID-19 han variado de un país a otro, los enfoques de los gobiernos para abordar la pandemia han tenido un efecto común. El énfasis excesivo en el uso de sanciones punitivas contra personas por no cumplir la normativa, en lugar de apoyarlas para cumplirla mejor, tuvo un efecto muy desproporcionado en quienes ya se enfrentaban a discriminación sistemática», ha manifestado el director general de Política de Amnistía Internacional, Rajat Josla.
«Cuando los gobiernos utilizan enfoques punitivos para hacer cumplir medidas de salud pública, sencillamente resulta más difícil cumplirlas. Las personas que perdieron sus medios de sustento de la noche a la mañana y las que carecen de hogar se vieron criminalizadas por no cumplir las medidas contra la COVID-19, en lugar de recibir apoyo para acceder a vivienda u otros servicios esenciales», ha aseverado.
Amnistía ha advertido, además, de que los grupos que antes de la pandemia ya estaban sometidos a un control policial excesivo han sufrido discriminación, uso ilegítimo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
Según la organización mexicana de derechos humanos Elementa, la punitiva «guerra contra las drogas» emprendida por el país ha permitido que las fuerzas policiales, utilizando las medidas relacionadas con la COVID-19, ataquen a personas por consumo o posesión de drogas».
«En un alarmante caso que desencadenó protestas generalizadas, un trabajador de la construcción, que en ese momento se encontraba bajo el efecto de las drogas, fue detenido en el estado de Jalisco, en teoría por no llevar mascarilla. El hombre murió bajo custodia días después. Tenía el cuerpo lleno de hematomas y una herida de bala en la pierna», ha indicado la ONG.
Amnistía ha afirmado, además, que el uso de medidas punitivas ha creado «obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales y apoyo, especialmente para las personas que sufren pobreza y discriminación sistemática
«En lugar de recurrir a medidas punitivas que hacen recaer toda la responsabilidad y la culpa en personas que ya sufrían discriminación sistemática, los gobiernos deberían haberse centrado en proteger los Derechos Humanos de todas las personas y en garantizar que las comunidades marginadas tienen acceso universal a servicios médicos y a servicios esenciales para su protección», ha manifestado Josla.
En este sentido, ha subrayado que se trata de una «cuestión crucial que los gobiernos deben tener en cuenta al negociar un tratado para mejorar la prevención, preparación y respuesta a la pandemia bajo los auspicios de la OMS». «Situar los Derechos Humanos en el núcleo de los esfuerzos gubernamentales para abordar las respuestas de emergencia de salud pública no es una consideración opcional, es una obligación», ha insistido.
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