Álvarez de Toledo se rebela contra el PP y considera “nulo” su expediente sancionador

Así lo expone la ex portavoz parlamentaria en los siete folios de alegaciones que ha remitido al secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal, en el marco del expediente que se le abrió tras desvelar en una entrevista a ‘El Mundo’ que no había apoyado a los candidatos propuestos por el PP para renovar el Tribunal Constitucional, entre los que estaban Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.

“A efectos de que la dirección del Grupo pueda rectificar su decisión, que vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario del Partido Popular, quisiera trasladarle cuatro consideraciones”, escribe Álvarez de Toledo, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

En el plano formal, la diputada argumenta que el procedimiento abierto en su contra es “nulo” puesto que, en primer lugar, se basa en un documento, los Estatutos del Grupo Popular, que son “secretos”. Según relata, ella sólo ha tenido acceso a lo que deduce son los Estatutos, tras solicitarlos después de comunicársele que se enfrentaba a una posible sanción.

Incumple los estatutos

Pero, además, denuncia que el procedimiento que se le ha abierto “ni siquiera se ajusta” al que regulan esos Estatutos, lo que, sostiene “anula de raíz cualquier acción sancionadora”. “Tiene escasa lógica predicar la transparencia y practicar el secreto”, desliza.

Álvarez de Toledo también acusa a la dirección del grupo que encabeza su sucesora al frente del mismo, Cuca Gamarra, de incumplir esas normas internas. Según expone, si al no apoyar a los candidatos para el TC incurrió, como sostiene el expediente en una “falta grave” precisamente porque era una votación “importante”, la dirección del Grupo Popular debería haber convocado una reunión del plenario de los diputados para debatir un asunto de tanta trascendencia, como, recalca, prevén los propios Estatutos.

“En una interpretación ciertamente caprichosa de los Estatutos, la importancia de la votación se subraya para imponer a una diputada una sanción y, en cambio, se soslaya para pedir al Grupo su opinión. En este sentido, estoy segura de que la dirección del Grupo convendrá conmigo: sancionarme sería tanto como asumir que nuestros Estatutos son de aplicación arbitraria”, señala.

La Constitución y el reglamento

También carga contra la dirección del grupo por actuar, a su juicio, en contra de lo que prevé la Constitución y el propio Reglamento del Congreso. En su opinión, así lo hace cuando argumenta que los diputados están sujetos a un mandato imperativo y que la dirección es propietaria exclusiva de su voto, incluso si se trata de votaciones secretas como la de los candidatos para el TC.

Desde su punto de vista, esta posición y también la del PSOE -al que señala por haber exigido a sus diputados “el certificado de su voto secreto” en lo que juzga un “abuso humillante”- “agravan el proceso de jibarización del diputado en beneficio de las cúpulas de los partidos”.

“Cuando sólo queda la disciplina, la deliberación se evapora. Cuando la autonomía, iniciativa y personalidad del parlamentario se castigan, la dependencia, la sumisión y la mediocridad proliferan. Con un agravante: si la cúpula lo decide todo y lo dicta todo, si las posiciones de la dirección son las únicas no ya pertinentes sino conocidas, el diputado deja de tener cualquier responsabilidad. Se convierte, a ojos de muchos ciudadanos, en perfectamente prescindible: involuntario protagonista de una triste variante del colectivismo”, alerta Álvarez de Toledo.

Además, la diputada sostiene que con su voto en blanco ella lo que hizo fue, como establecen los Estatutos, defender “los principios y líneas básicas” de su programa electoral y que quien “impugnó” ese ideario fue el propio partido. En este punto, reproduce el compromiso electoral del PP de “fortalecer la independencia judicial”.

“La defensa de la independencia de la Justicia y el fortalecimiento de los órganos constitucionales mediante su despolitización son consustanciales al ideario del Partido Popular. Son pilares de nuestro proyecto político y no se pueden disociar”, indica, a la vez que advierte de que “el intento de desvincular el reparto de cargos en los órganos constitucionales de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un ejercicio baldío”.

Tras defender como “trascendental” el cuidado de la independencia del TC dadas sus funciones, la diputada acusa al Gobierno y a su propio partido de haber liderado una negociación que corresponde a los grupos parlamentarios y de haber pactado unos nombres que “orillan la voluntad del constituyente y empeoran los más relajados precedentes”.

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