Imagen de vacunas de Pfizer. (Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa)
Según los datos recopilados por la Alianza internacional por una Vacuna Popular, tres meses después del inicio de la vacunación contra el coronavirus COVID-19, los países ricos, que representan solo el 14% de la población mundial, ya han comprometido la adquisición de más de la mitad de las vacunas más prometedoras (el 53%). Esto implica que dispondrán de dosis suficientes para vacunar a toda su población y tener sobrantes.
En el otro lado, advierte, «casi 70 países del sur global solo podrán vacunar a una de cada 10 personas, si no se toman medidas urgentes que permitan producir más dosis. En total, se estima que el 70% de la posible producción de este año ya está comprometida para unos pocos países».
Para denunciar esta situación y reclamar la liberación de las patentes de las farmacéuticas, de forma que se puedan producir a escala masiva, se ha lanzado a nivel internacional la Alianza por una Vacuna Popular, de la que forma parte Alianza por la Solidaridad-ActionAid, junto con Oxfam, Amnistía Internacional, Yunus Center, Global Justice Now, ONUSIDA y otras organizaciones que defienden una vacuna accesible y gratuita para todo el mundo.
Este jueves, la plataforma ha convocado una jornada internacional de acción coincidiendo con la reunión de la Organización Mundial del Comercio los días 10 y 11. En esta reunión, varios países solicitarán la exención de derechos sobre la propiedad intelectual en lo relativo a la prevención y tratamiento de la pandemia. Propuesta de India y Sudáfrica, a la que se han sumado Kenia, Esuatini, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabue, Egipto, el Grupo Africano y el Grupo de Países Menos Adelantados.
La ONG pide al gobierno español que reconsidere su posición y se sume a estos países, comprometiéndose con los derechos de las personas más vulnerables. No es suficiente con donar el excedente de vacunas que ha comprado España, tal como anunció el ejecutivo hace unos meses, declaran fuentes de la organización.
Según las organizaciones, «conseguir una vacuna popular solo será posible si las corporaciones farmacéuticas comparten abiertamente su tecnología para que puedan producirse a una escala masiva. Consideran inadmisible que hoy las empresas protejan sus monopolios sobre las patentes y pongan barreras para restringir su producción».
«Especialmente teniendo en cuenta que las farmacéuticas no están aumentando la producción en función de las necesidades, lo que les permite controlar los precios dejando a cientos de millones de personas en riesgo», añade.
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