Armas
La política armamentística del Gobierno alemán vuelve al centro del debate público tras conocerse que el nuevo Ejecutivo de Friedrich Merz ha dado luz verde a exportaciones militares a Israel por un valor considerable. Aunque no se trata de armas de guerra, el gesto reaviva tensiones tanto internas como externas, con críticas desde la izquierda y una causa judicial abierta en la Corte Internacional de Justicia.
Entre el 7 de mayo y el 10 de junio de 2025, el Ejecutivo de Merz autorizó envíos por un valor de 3,986 millones de euros en material militar a Israel, según reveló el Ministerio de Economía tras una consulta del partido La Izquierda en el Bundestag.
El informe puntualiza que no se incluyen armas de guerra en estas exportaciones, una distinción clave en el marco legal alemán para los envíos de armamento. Se trata de la primera información oficial ofrecida por el nuevo Gobierno respecto a sus políticas de exportación militar hacia Israel.
La cantidad aprobada por el nuevo Ejecutivo es muy inferior a los 28 millones autorizados en el primer trimestre del año por el gobierno anterior
Durante el mandato del socialdemócrata Olaf Scholz, Alemania autorizó en 2024 exportaciones de armamento a Israel por un total de 326,5 millones de euros, de los cuales 20,1 millones correspondían a armas de guerra.
La diferencia cuantitativa entre gobiernos refleja un posible cambio de enfoque, aunque aún es temprano para identificar una línea clara. Por ahora, el nuevo Gobierno ha optado por la cautela en las autorizaciones.
En solo un trimestre, el anterior Gobierno triplicó el volumen aprobado hasta la fecha por el actual Ejecutivo
El tema de las exportaciones de armas a Israel ha provocado un intenso debate político en Alemania. Mientras sectores del SPD abogan por detenerlas, los socios de la CDU/CSU rechazan rotundamente cualquier suspensión.
En el plano internacional, la controversia ha escalado hasta los tribunales. La Corte Internacional de Justicia estudia una demanda presentada por Nicaragua contra Alemania, acusándola de complicidad en genocidio por aprobar estos envíos.
En abril, los jueces de La Haya desestimaron una solicitud de medidas urgentes para detener las entregas, pero mantuvieron en curso el procedimiento, que podría extenderse durante años.
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