Consejero de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero
Las citaciones, fijadas para las 10 y las 11 horas, se enmarcan en el procedimiento que investiga tres querellas presentadas por Marea de Residencias contra la residencia DomusVi Albufera de Madrid por la muerte de tres ancianas.
Las querellas se dirigen contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Se investigan delitos de homicidio imprudente, omisión del deber del socorro y delito de prevaricación.
Alberto Reyero era consejero de Políticas Sociales cuando se firmaron los citados protocolos. El expolítico de Ciudadanos dimitió el 2 de octubre de 2020 y envió una carta a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recomendaba buscar «unidad entre las instituciones para vencer al virus».
Tras su dimisión, el exconsejero denunció la situación de las residencias y calificó los protocolos de la Consejería de Sanidad de «poco éticos y posiblemente ilegales».
Dichos documentos fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de Covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.
La plataforma Marea de Residencias ha convocado una concentración en los Juzgados de Plaza de Castilla para pedir justicia y exigir que se depuren responsabilidades al más alto nivel en relación a estos protocolos.
Desde Marea de Residencias afirman que estas comparecencias arrojan un halo de «esperanza» a las familias, ya que son «dos figuras clave para dilucidar que estos protocolos fueron reales y se lo pasaron a residencias con obligado cumplimiento, lo que determinó que hubiera miles de personas fallecidas sin la oportunidad de ser asistidas en los hospitales y tener la oportunidad de sobrevivir».
Durante la presentación de su libro ‘Murieron de forma indigna’, el exconsejero relató el pasado 4 de octubre que en los primeros compases de la pandemia no fue convocado a una reunión el 11 de marzo de 2020 con miembros del Gobierno como Javier Fernández-Lasquetty y Antonio Burgueño, donde se tomaron una serie de medidas, entre ellas la medicalización de residencias.
«Al día siguiente se creó el protocolo. El primer protocolo fue el día 18», ha destacado. El extitular regional de Políticas Sociales señaló que comprobó los detalles de ese protocolo el 21 de marzo.
«Significaba que las personas con nivel dependencia 2 quedaban excluidas de atención sanitaria. La sensación era de incredulidad. Luego me fui dando cuenta de lo que eso significaba. Esa tarde fue complicada», admitió.
«Las consecuencias de esos protocolos fueron terribles. Nadie merecía morir en estas circunstancias. En el mejor de los casos, les dieron morfina y sedación. Es algo que me duele o que siempre me dolerá», afirmó.
En la comisión de investigación sobre Residencias y Covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y «participaron desde el principio» en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.
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