Dron para la detección temprana de incendios
Al menos once países han desplegado drones armados con el propósito de emplear la fuerza o cometer asesinatos selectivos, según un informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard.
«El mundo ha entrado en una ‘segunda era de drones’ en la que numerosos actores estatales y no estatales despliegan drones con tecnologías más y más avanzadas», ha lamentado Callamard, cuyo informe detalla que la posesión de drones ya no es una cuestión de élite, sino que existe una carrera para su adquisición.
Así, según el trabajo, en 2020, al menos 102 países cuentan con un inventario activo de drones militares y 40 más poseen o están en proceso de adquirir drones armados. Del total, unos 35 países tendrían el mayor arsenal de drones y también el más letal. «Muchos Estados están ansiosos por pertenecer a este club del poder que dan los drones», ha sostenido Callamard.
El informe, presentado este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, advierte sobre la gravedad del fenómeno de la proliferación de los drones, que ha sucedido sin regulación o control, y asegura que da pie a una serie de violaciones de las garantías fundamentales y los Derechos Humanos.
En este sentido, la experta de Naciones Unidas ha enfatizado la falta de supervisión y regulación de los operativos con drones. «Hasta la fecha, no hay estándares robustos que gobiernen su despliegue, proliferación, exportación o capacidad del uso de la fuerza. No hay transparencia, no hay supervisión efectiva, no hay rendición de cuentas», ha señalado.
También, ha subrayado que los asesinatos efectuados con aeronaves no tripuladas son ignorados por las leyes nacionales e internacionales, a diferencia de otros crímenes para los que incluso se crean comisiones investigadoras. De hecho, ha asegurado que las evidencias muestran que muchas veces ni siquiera se reportan las muertes, lesiones y trauma de las poblaciones civiles causadas por los drones.
El bajo coste y la capacidad «todo terreno» han convertido a los drones en el vehículo más eficiente para los operativos militares en zonas remotas o de difícil acceso, ha remarcado el trabajo.
Por ello, para eliminar el peligro que suponen los drones y frenar su proliferación, Callamard ha pedido implementar un control nacional estricto a su exportación, al igual que a la de las tecnologías desarrolladas con estos vehículos. También ha reclamado que el uso de drones se apegue a las leyes internacionales humanitarias y de Derechos Humanos.
Por último, la experta ha instado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que aborde formalmente el tema y ha exhortado a los Estados a apoyar una propuesta de México para establecer estándares y mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso y exportación de drones armados mediante un proceso multilateral y transparente.
DISTORSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
Callamard también ha destacado que algunos Estados con influencia han distorsionado el Derecho Internacional al invocar la ley de autodefensa de la Carta de Naciones Unidas, y ha ejemplificado sus palabras mencionando a Estados Unidos, que la invocó para justificar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo ejecutado con drones en la capital iraquí, Bagdad, en enero.
A juicio de la experta, esta invocación implica una distorsión temporal, geográfica y de soberanía de la mencionada ley, que estipula que la fuerza letal sólo se permite para evitar un ataque inminente, para lidiar con grupos no estatales específicos o para neutralizar amenazas emanadas desde un tercer país cuando este no pueda o no quiera cooperar.
Por ello, lo ocurrido con Soleimani, suceso al que el informe destina un anexo, «subraya los graves riesgos para la paz y seguridad internacionales de estas distorsiones legales, al igual que la expansión de la doctrina de guerra al terrorismo», ha dicho.
«Fue una violación de la Carta de Naciones Unidas y un asesinato arbitrario del que Estados Unidos es responsable frente a la ley internacional», ha zanjado Callamard. La experta ha asegurado que el ataque contra Soleimani fue «ilegal» y «una ejecución arbitraria» y ha argumentado que Washington no ha aportado pruebas que justifiquen esta acción.
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