Airbnb
En una ofensiva sin precedentes contra el alquiler turístico ilegal, el Gobierno ha obligado a Airbnb a retirar decenas de miles de anuncios que no cumplían con la normativa. La decisión se produce después de una larga disputa judicial en la que la Justicia ha dado la razón a Consumo. El Ministerio, además, ha detectado otros 55.000 anuncios sin número de registro, que también serán investigados.
La plataforma de alquiler turístico Airbnb ha retirado unos 65.000 anuncios sin licencia en España, como resultado del requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta acción llega tras varias impugnaciones judiciales por parte de la empresa, que finalmente ha visto avaladas judicialmente las actuaciones de la administración.
El Ministerio ratifica que la actuación se ha realizado conforme al marco legal vigente y en defensa del derecho a una vivienda digna
Pese a esta victoria legal, la Unidad de Análisis de Consumo ha detectado 54.728 nuevos anuncios que no cuentan con el número de registro oficial, exigido desde el 1 de julio por la normativa española. Según Consumo, estos anuncios podrían ser eliminados o subsanados si Airbnb actúa conforme al procedimiento previsto.
El archivo elaborado incluye datos clave como el tipo de alojamiento, su ubicación y detalles del anfitrión
Esta documentación servirá como base para remitir los casos a las autoridades competentes, con el objetivo de que se proceda a su retirada de la plataforma si no se regularizan.
El ministro Pablo Bustinduy ha subrayado que estas actuaciones forman parte del compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento de la legalidad y la protección del derecho constitucional a la vivienda. Ha defendido que el interés público debe prevalecer sobre los intereses de grandes multinacionales como Airbnb.
“No vamos a permitir que se vulneren las leyes ni que se especule con el derecho a una vivienda asequible”, ha reiterado el ministro en varias ocasiones
La Unidad de Análisis de Consumo continuará inspeccionando otras plataformas digitales del sector para identificar y denunciar anuncios turísticos ilegales. El objetivo, según el Ministerio, es establecer un control más estricto sobre una actividad que tiene un alto impacto en el mercado del alquiler residencial.
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