El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, el dictamen de la comisión de investigación sobre la venta de 18 promociones de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión en el año 2013.
Las investigaciones de la comisión se han centrado en el proceso de venta de 1.860 inmuebles correspondiente a las promociones de vivienda púbica, tanto en alquiler como de arrendamiento con opción a compra, al Fondo Fidere, Patrimonio Socimi, filial de Blackstone. Tras las mismas, el documento final de la citada investigación concluye que “la venta incumplió la legalidad así como la función básica de la EMVS”.
El consistorio informa de las principales conclusiones y recomendaciones de esta comisión, que investigó la enajenación de pisos públicos durante el mandato de la exalcaldesa Ana Botella. El dictamen recoge un quebranto patrimonial de más de 162 millones de euros: la EMVS obtuvo 128 millones de euros por la venta de las 1.800 viviendas y en esa operación se perdieron de forma directa 31 millones.
Pero a esa cantidad hay que sumar la diferencia entre el precio al que se enajenaron los pisos (128 millones) y el valor real de los inmuebles: 291,4 millones según los precios oficiales de las Viviendas de Protección Pública de aquel año.
El resto de conclusiones son igualmente demoledoras: la comisión denuncia que se incumplió la función social de la EMVS: “Esta venta sólo puede entenderse como una operación de despatrimonialización de la empresa únicamente beneficiosa para la parte compradora”.
También critica que “la precaria situación económica de la EMVS en base a la cual se justifica la necesidad de la venta de las promociones no es una situación sobrevenida ni una consecuencia inevitable de la coyuntura económica general, sino que es el resultado de continuados años de mala gestión”.
Enumeran la “ausencia de justificación objetiva a la necesidad de enajenación de los inmuebles”, “incumplimiento de la legalidad básica” en el proceso de venta y “opacidad en las actuaciones preparatorias de la venta de inmuebles”: “No se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento”.
La comisión considera que hubo una “actuación despreciable ante los derechos de los arrendatarios: la EMVS y el equipo de Gobierno de Ana Botella actuaron con desprecio absoluto a los derechos y dignidad de los arrendatarios de las viviendas enajenadas, negándoles la condición de interesados en el procedimiento”.
Las dos grandes recomendaciones de la comisión son “interponer querella o adherirse al procedimiento penal existente contra los anteriores directivos de la EMVS, ampliando el ámbito del proceso contra quien hubiese desarrollado actuaciones lesivas para la EMVS en claro incumplimiento de la legalidad”. Ya hay en marcha una denuncia del Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas, y la comisión aconseja ahora sumar o unificar querellas por “delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación respectivamente”.
Igualmente, “proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a dichos caudales”.
No obstante, no todos los partidos además del PP han aprobado este dictamen: Ciudadanos se ha abstenido por considerar que la cuestión ya está en los tribunales y que solo la justicia debe actuar.
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