Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
En un escrito de 25 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Aguirre ha respondido así al juez Manuel García-Castellón, que el pasado 20 de octubre emplazó a las partes a formular sus alegaciones en relación al vencimiento del plazo de la instrucción.
El equipo jurídico de la expresidenta del PP de Madrid ha recordado que ya en febrero la Sección Cuarta Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó la práctica de una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía estableciendo que «tras una larguísima instrucción (…) las diligencias solicitadas no deben demorar por más tiempo la conclusión de la denominada pieza separada número 9».
Ha insistido, también, en que la Sección 43º de dicha Sala ha entendido que esta pieza estaría suficientemente instruida y ha hecho referencia a estimaciones anteriores del propio juez de ‘Púnica’, que en marzo señaló que «la fase de instrucción debe considerarse ya agotada». «Por ello, (…) no procede la ampliación del plazo de la instrucción de la presente pieza separada», ha concluido.
RECUERDA QUE VAN SIETE AÑOS DE INVESTIGACIÓN
La defensa ha subrayado que «no queda ninguna diligencia de investigación pendiente de practicar», a excepción de las declaraciones previstas para los próximos días 2 y 3 de noviembre. A su juicio, estas testificales «no justifican» la prórroga de la pieza, ya que se trata de diligencias ya acordadas.
El letrado ha recordado, además, que esta pieza –«aunque no con la numeración y consideración dadas por el actual Instructor de la causa»– «comenzó su tramitación desde el auto de incoación de diligencias previas, hace ya más de 7 años; tiempo durante el cual se han ido aperturando las más de 12 piezas separadas que conforman la causa, y que han abocado a largos periodos de inactividad en muchas de dichas piezas, alargando considerablemente y desde luego en perjuicio de los investigados en la misma, su tramitación». Así, ha insistido en la necesidad de que no se prorrogue más la causa.
Aguirre figura como imputada en esta pieza desde septiembre de 2019, cuando el juez emitió un auto en el que dijo apreciar «indicios racionales» de que sería «quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». «Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», indicó.
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