Esperanza Aguirre se valió de la construcción de hospitales para desviar fondos públicos a su partido. Así lo indica el auto de imputación que ha escrito el juez Manuel García Castellón. De hecho, dos exconsejeros de Sanidad como Manuel Lamela y Juan José Güemes también están siendo investigados en el ‘caso Púnica’.
En concreto, el magistrado habla de “la cláusula del 1%” aprovechando “la existencia de contratos con elevados presupuestos”. Según lo expuesto, se “obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada”.
El auto señala que fue la Comisión Delegada de Asuntos Económico quien “aprobó la inclusión de dicha cláusula”. Y ese órgano formaban parte miembros como Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Lamela.
Un ‘modus operandi’ que se daba en “la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud”, así como en el “Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad para una pretendida campaña de concienciación a los motoristas”.
A partir de estas campañas de publicidad, el supuesto “desvío de dinero público” se producía “a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato”. En este sentido, según el auto, “se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el pliego”.
Esto provocaba “un perjuicio a las arcas públicas, al verse minoradas sus fondos en ese 1%”. Así, las “grandes constructoras y empresas gestoras de los hospitales” directamente “no contrataban la publicidad de su obra”, sino que “se limitaban a atender las órdenes de pago”.
Un porcentaje que se usaba, tal y como indica el juez, “para desviar fondos públicos a favor del partido”. El pago de esta falsa publicidad se realizaba a las mercantiles del investigado Horacio Mercado.
En total, el “importe del perjuicio causado a los fondos públicos” únicamente en dos años, entre 2006 y 2007, “ascendió a 1.883.286 euros.
Las siete empresas concesionarias de los hospitales realizaron su correspondiente pago a las empresas controladas por Horacio Mercado.
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