Afectados de listeriosis recurren la libertad del propietario y el administrador de Magrudis

Varios afectados del caso Magrudis han recurrido este miércoles el auto de puesta en libertad dictado por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, pidiendo su revocación «ante el riesgo inminente de una posible fuga».

Este caso se refiere al brote de listeriosis producido el verano del pasado año y que supuso la entrada en prisión del propietario y administrador único de la empresa e hijo del gerente, Sandro José Marín Rodríguez, y su padre, el ‘administrador de hecho’, José Antonio Marín Ponce, ambos en libertad provisional sin prestación de fianza desde este martes.

En el escrito, presentado por el Despacho Ateneo Abogados, que ostenta la representación de dichos afectados, y al que ha tenido acceso Europa Press, se formula recurso de reforma, y subsidiariamente de apelación, contra la libertad de los encartados, a quienes se les imputaba un delito contra la salud publica en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes.

Alegan los afectados, «rotundamente en desacuerdo» con la decisión, que Marín Ponce y Marín Rodríguez son los principales investigados en una causa «que ha dejado tras de sí cientos de afectados», sin colaboración alguna «desde el minuto uno», con la ocultación de «materia prima e información que podía haber paralizado la erradicación de la listeria según estamos conociendo en la instrucción del procedimiento con las declaraciones que hemos obtenido de, entre otras, la del señor Barroso, de los laboratorios Microal, y la señora Ojeda, veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, en lo que se elaboraba según ellos y lo que se ha demostrado en la instrucción».

Es, a su juicio, «inaudito» que los presuntos provocadores de la alerta sanitaria por listeria, decretada en agosto de 2019 por la Junta de Andalucía, «sean las personas que ante una alerta sanitaria como la del coronavirus sean los únicos beneficiados de España».

«El hecho de que el decreto 463/2020 del 14 de marzo tenga a la población recluida en sus casas no es objeto para una liberación, más si cabe que en el auto que se ha emitido los señores Marín Ponce y Marín Rodríguez no tendrían que ir a firmar hasta el termino de la alerta decretada por el Gobierno, teniendo tiempo suficiente para una posible fuga ante el descontrol por parte de los cuerpos y fuerzas del Estado al no tener conocimiento de dónde se encuentran», sostienen.

Ante la afirmación de la instructora de que la investigación se encuentra, al menos en lo que son diligencias de investigación, «prácticamente terminada, a la espera únicamente de informes periciales ampliatorios, informes médicos y ofrecimiento de acciones a los perjudicados», los afectados afirman que «nuestra sorpresa es plena, al ver cómo no se está tomando declaración a los directores de Área de Ayuntamiento de Sevilla y de Junta de Andalucía y personas que han intervenido en la crisis de la listeria para que expliquen los protocolos que habían activado y la coordinación entre las administraciones».

«Si por parte de la instrucción de este procedimiento no se examina en profundidad y se toma declaración de cómo se actuó desde el minuto cero por parte de la toma de muestras y ese positivo en el laboratorio de fecha 9 de agosto hasta la creación de la alerta sanitaria y la coordinación posterior para la erradicación de la alerta, a las partes de la acusaciones particulares nos está privando de corroborar aún más la responsabilidad civil subsidiaria de Ayuntamiento y Junta en esta alerta sanitaria», manifiestan.

Según el informe del médico forense, al menos hasta el momento el brote de listeria ha causado la muerte de cuatro adultos y de un recién nacido y el aborto a seis mujeres. Además, constan más de 200 personas afectadas por listerosis provocada por el consumo de productos elaborados por Magrudis.

Acceda a la versión completa del contenido