No se han solicitado medidas cautelares contra el impuesto, que podrían haber supuesto la suspensión temporal del pago del gravamen por parte de las entidades. Cabe recordar, además, que la liquidación del pago del impuesto deberá correr por cuenta de cada entidad.
Para presentar el recurso, las patronales se basan, principalmente, en el dictamen que el Banco Central Europeo (BCE) publicó a principios de noviembre de 2022, en el que se cuestionaban distintos aspectos del gravamen al considerar que podría llegar a poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria, añadiendo que el importe del mismo podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades y expresando la importancia de que pueda repercutirse a los clientes.
Este tributo, frente al temporal impuesto para las energéticas, entró en vigor a finales de 2022 con el objetivo de gravar los principales ingresos que la banca ha obtenido en el ejercicio pasado y empezar a recaudar en 2023. El objetivo del Gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre 2023 y 2024, es decir, 1.500 millones de euros cada año.
El nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y comisiones de todas las entidades que facturen más de 800 millones en 2019 y se circunscribe a la actividad que las entidades desarrollen en España.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha justificado esta medida ante los beneficios «extraordinarios» que la banca ha conseguido y obtendrá por las subidas de tipos que el BCE está aplicando para frenar la elevada inflación.
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