“A este Gobierno le gusta trabajar con rigor y seguridad jurídica y, en los últimos meses, junto al Ministerio de Economía y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hemos estado trabajando con datos que nos avalan para tomar en consideración esta medida, que hoy presentamos”, ha afirmado Rodríguez.
Según ha explicado, no es solo iniciativa del Gobierno, sino que la Comisión Europea “instó en 2022 a los Estados miembros a derogar inmediatamente cualquier sistema de ciudadanía para inversores existente y a garantizar que se establezcan controles estrictos para abordar los riesgos que plantean los sistemas de residencias para inversores”. “Países como Irlanda o Portugal ya han eliminado dichos visados y otros están endureciendo los requisitos para obtenerlos”, ha recordado la ministra.
De esta manera, el Ejecutivo modificará la ley, aprobada en el 2013 por el Partido Popular, que permite obtener el visado de residencia si se compra una vivienda por encima de 500.000 euros.
Desde el comienzo de esta medida (2013-2023) se han concedido en España 14.576 ‘golden visa’ correspondientes a las denominadas inversiones en bienes inmuebles, con chinos, rusos, británicos y estadounidenses a la cabeza. Y las principales provincias de inversión en Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que han llegado a concentrar el 90% de las autorizaciones en estos seis lugares de territorio nacional.
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