Acceder a una vivienda protegida es «misión casi imposible en España», según Aedas Homes

Esta percepción tiene su eco en los datos oficiales: el número de viviendas protegidas que se han entregado en los últimos años en España se ha reducido notablemente, pasando de las 68.007 en 2007 a las 23.401 en 2019, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se especifica en el estudio de la promotora, que ha obviado el año 2020 por el impacto de la pandemia en las transacciones inmobiliarias.

Por comunidades, la sensación de mayor dificultad de acceso a la VPO se observa en Baleares (7,8), Cataluña (7,6) y Andalucía (7,5). Mientras que los asturianos, extremeños, riojanos y cántabros (todos por debajo del 7) creen que es algo más factible. Además, según el número de hijos, la percepción varía: quienes tienen cinco o más hijos ven más imposible aún acceder a una vivienda protegida (8,3).

El Observatorio también ha preguntado por el régimen preferido en el caso de que pudieran acceder a una vivienda protegida. El 55,1% se decantaría por la compra, el 38,8% por el alquiler con opción a compra y el 6,1% por el alquiler.

Sólo los jóvenes se inclinan por el alquiler con opción a compra como primera elección, ligeramente por delante de la compra. La compra sería también la gran preferencia, salvo entre quienes viven con sus padres (el 54,5% opta por el alquiler con opción a compra). Un 62% de las parejas con hijos prefieren la VPO en propiedad, el 53,8% de las parejas, el 49,6% de quienes viven solos y el 47,1% de los que residen solos con hijos.

Esta cultura de la propiedad de la VPO se alza como mayoritaria en 16 de las 17 CCAA (en todas menos en Asturias) y registra sus máximos en Navarra (65,3%) y La Rioja (64%).

«Parece claro que la colaboración público-privada se antoja necesaria para favorecer el acceso también a una vivienda protegida, ya sea en propiedad o alquiler», sostiene David Martínez, CEO de Aedas Homes, quien insta a las administraciones a trabajar en dos direcciones para dar respuesta a las necesidades de la sociedad: poner suelo en carga para producir vivienda protegida para la compra a precio asequible e impulsar iniciativas como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid para promover pisos en alquiler con rentas accesibles.

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