José Luis Ábalos, durante la comparecencia de los ministros que, en sus respectivas áreas de responsabilidad, son las autoridades competentes delegadas durante el estado de alarma.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha mostrado este lunes sus dudas del «encaje presupuestario» de la enmienda de su socio de Gobierno Unidas Podemos con ERC y EH-Bildu para impedir todos los desahucios sin alternativa habitacional, pero ha asegurado que espera «avanzar» esta semana en esta cuestión dentro del trabajo del Ejecutivo.
«Esta semana es mi idea que podamos avanzar en paliar la cuestión de los desahucios», ha manifestado Ábalos, en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE este lunes en su sede de Madrid, descartando en todo caso un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de esta semana: «Todavía ni siquiera se han reunido los equipos de trabajo», ha dicho.
Ábalos, que ostenta la responsabilidad de Vivienda en el Ejecutivo, ha dicho que hay «previstas reuniones de los equipos del Gobierno» y ha enmarcado estas negociaciones en el marco de la prórroga de la moratoria vigente y «a nivel técnico, en el ámbito del Gobierno, no a nivel político» ni parlamentario.
Para el ministro de Transportes, «lo conveniente sería extender» esta prohibición, que afecta hasta el 31 de enero, a aquellos casos derivados de situación de dificultad a partir de la pandemia, pero se ha mostrado dispuesto a ampliarlo a casos de «personas en situación de vulnerabilidad que era previa al estado de alarma».
«Estamos abiertos a mejorar estas situaciones y no nos importaría revisar la extensión de la imposibilidad de desahuciar a situaciones anteriores», ha afirmado, señalando que este trabajo se puede realizar «sin necesidad de una enmienda».
«Dentro del Gobierno hay ámbito y posibilidad de llegar a un acuerdo, como hemos llegado en la elaboración de este decreto (la actual moratoria antidesahucios) o en el acuerdo de precios de alquiler», ha dicho.
Respecto a la prohibición expresa de desahuciar sin alternativa, ha insistido en la necesidad de esa alternativa y en la necesidad de que las comunidades autónomas, como administraciones con competencia en materia de vivienda, puedan ofrecerla.
Para ello, ha reivindicado la ampliación del Plan estatal de vivienda, y la dotación en los propios Presupuestos para financiar estas partidas. En todo caso, ha reconocido que es posible «afinar aún más» para evitar este tipo de desalojo, si bien ha reivindicado que «siempre tiene que tener título que dé seguridad jurídica a estas situaciones».
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