Concentración en la Puerta del Sol para exigir residencias de mayores públicas, en Madrid, el 19 de marzo de 2025 (Foto: Pau Alemany)
La asociación 7.291 Verdad y Justicia ha rendido homenaje a las víctimas de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19. El acto, celebrado en el Ateneo de Madrid, reunió a familiares, expertos y figuras políticas que reclaman responsabilidades y transparencia ante la gestión del Gobierno regional.
Cinco años después del inicio de la pandemia, la asociación ha celebrado un acto de homenaje en el Ateneo de Madrid, donde se ha denunciado la gestión de las residencias durante la crisis sanitaria.
“Queremos que los responsables paguen por lo que hicieron”, reclamó Maite Rodríguez, portavoz de la asociación, cuya madre falleció en una residencia madrileña
El acto, que ha contado con decenas de asistentes, es el primero de varios previstos por el colectivo 7.291 Verdad y Justicia.
Durante su intervención, la epidemióloga María Victoria Zunzunegui expuso los datos que han marcado el trabajo de la asociación:
9.470 personas fallecieron en residencias madrileñas durante la primera ola.
7.291 de ellas murieron sin ser derivadas a hospitales, según datos del INE y del Portal de Transparencia regional.
“Del 6 al 7 de marzo de 2020 se produjo una caída drástica en las derivaciones. La decisión se tomó el día 6 y duró hasta el 1 de abril”, explicó Zunzunegui
Sin embargo, el pasado 13 de marzo, el Gobierno regional redujo esa cifra a 4.100 fallecidos en un comunicado oficial.
La enfermera Diana Ruiz, del Hospital 12 de Octubre, ofreció un testimonio directo sobre la precariedad hospitalaria:
“Hemos vivido situaciones en las que las compañeras tenían que pedir a los pacientes que trajeran una toalla de casa”
Ruiz criticó el impacto de la privatización sanitaria, asegurando que solo beneficia “a unos pocos” y pone en riesgo la atención a los pacientes. También denunció la falta de material quirúrgico y la sobrecarga de los profesionales.
La periodista Raquel Ejerique comparó la gestión de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia con la de Carlos Mazón durante la DANA de 2024:
“Ambos han confundido el ser ‘instagramers’ con la gestión política real”
Según Ejerique, Ayuso y Mazón comparten un “desprecio por lo público” que se traduce en el debilitamiento de los servicios esenciales, a menudo calificados de “chiringuitos”.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, puso el foco en la vía judicial. Señaló que: Aunque inicialmente se intentó encajar el caso en un delito de homicidio por imprudencia grave, ve más factible una acusación basada en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la discriminación por razón de enfermedad.
“Es muy sospechoso que ahora, cuatro años después, el Gobierno regional diga que es mentira. Han tergiversado los datos del INE”, advirtió
La Comunidad de Madrid sostiene que la justicia ha avalado su actuación. Según la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila: “Sacar de nuevo lo sucedido durante la primera ola no hace más que retorcer el dolor de las víctimas.”
El Ejecutivo regional afirma que más de 60 querellas han sido archivadas, y que las denuncias actuales responden a fines políticos.
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