La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado
Según fuentes fiscales, estas dos líneas de investigación caducaban en los próximos días, por lo que se estimó conveniente pedir una prórroga de las mismas, que finalmente se ha concedido por el plazo de seis meses, recoge Europa Press.
Las fuentes consultadas apuntan que, en el caso de las averiguaciones sobre el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas, esta dilación de los plazos era necesaria para estudiar la última información enviada desde Suiza en respuesta a una comisión rogatoria relativa a las finanzas de Don Juan Carlos en los años posteriores a su abdicación, en 2014.
La otra indagación prorrogada ahora se refiere al supuesto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas bancarias en las que no figuran como titulares.
La tercera pata de las actuaciones que llevan a cabo de forma conjunta la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción en torno a Juan Carlos I, cuya prórroga también se ha solicitado ahora, se refiere al supuesto uso por parte del emérito y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas bancarias en las que no figuran como titulares.
Sin embargo, las fuentes consultadas ya han venido apuntando a Europa Press que la idea es no agotar los plazos, aunque tampoco actuar con la prisa que impone el calendario, ya que un caso de esta envergadura requiere actuar con prudencia, siendo garantistas y analizando toda la documentación recabada.
A finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando el Rey emérito I era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a que se han dado dos regularizaciones fiscales por parte de Don Juan Carlos por una suma que ronda los 5 millones de euros.
Por norma general, las diligencias de investigación terminan con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las pesquisas a otras existentes o archivando las mismas. Cuando se archivan unas diligencias de investigación porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha realizado hasta dos regularizaciones fiscales -que se conozcan-. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
Fue en agosto de 2020 cuando el emérito puso rumbo a Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. “Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España”, señaló para trasladar a su hijo su decisión de partir bajo el argumento de que quería facilitarle su labor como monarca.
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