De esa cifra, sólo un 19%, es decir, 980.000 denuncias finalizaron con la suspensión de la emisión pirata antes de que finalizase el evento. O lo que es lo mismo, cuatro de cada cinco denuncias no acabaron con la suspensión de la emisión pirata antes del fin del evento. Dentro de esa estadística, un 64% del total, es decir, 3,4 millones de notificaciones, no fueron tramitadas de ninguna forma. Mientras que el otro 17% (920.000) fueron tramitadas por el intermediario, pero no resultaron en el corte de la emisión. Unos datos que ponen de manifiesto el agujero negro por el que se escapan gran parte de los esfuerzos de la lucha contra el fraude audiovisual.
En relación con los destinatarios de estas denuncias, de acuerdo con este informe, durante estos primeros seis meses de 2024 se han notificado un total de 3,82 millones de denuncias que iban dirigidas a los proveedores de servidores en los que se alojan sitios que emiten contenido fraudulento, lo que representa un 72% del total. Y de ellas, solamente un 12% acabó en la suspensión de la emisión por parte de esos servidores.
Por otro lado, el informe revela que un 11% del total de notificaciones fueron dirigidas a las plataformas online, de las cuales contrasta que el 89% de las mismas sí acabaron en el cese de la retransmisión. Y es que, como menciona el informe, una gran parte de estas denuncias a plataformas online (81%) estaban cimentadas en acuerdos de cooperación para retirar contenido audiovisual no autorizado. Este porcentaje “es significativamente mayor que el 2% de las notificaciones que fueron tramitadas contra los proveedores de servicios, lo que demuestra el impacto positivo de estos acuerdos de cooperación” con los intermediarios, concluye el informe.
El informe también destaca la magnitud de esta problemática que afecta a la cadena de valor del ocio y entretenimiento, puesto que los datos reflejan que “en muchos casos se hace caso omiso de las notificaciones”. El estudio de Grant Thornton está basado en los datos aportados por la Coalición de Contenidos en Vivo (LCC, pxaor sus siglas en inglés), conformada por diversos organismos que involucran a entidades globales del deporte como Premier League, LALIGA, Bundesliga, Serie A, Moto GP, Ryder Cup, ITF (Federación Internacional Tenis), UEFA, FIFA, European Leagues, ECA, etcétera.
En el estudio también se recogen las recomendaciones que la Comisión Europea realizó a los países miembros para luchar contra el fraude audiovisual. Entre ellas, la Comisión afirmaba que “las retransmisiones no autorizadas de acontecimientos en directo tienen un impacto significativo en los ingresos de los organizadores de eventos y de los organismos de radiodifusión. El desarrollo de la tecnología y las infraestructuras ha hecho cada vez más difícil para los Estados miembros gestionar su impacto en la economía y la comunidad”.
Asimismo, el organismo comunitario reconoce en esas recomendaciones de las que se hace eco el estudio que “la transmisión y retransmisión de estos eventos requiere una inversión significativa y contribuye al crecimiento económico y a la creación de empleo. La pérdida de ingresos por la retransmisión no autorizada de estos eventos tiene un impacto sustancial en toda la cadena de valor”.
La industria del fútbol profesional representa un 1,44% del PIB nacional en España, sin ir más lejos. Organizaciones a nivel nacional como LALIGA, que está liderando la lucha contra el fraude audiovisual en España, así como otras competiciones y cadenas de televisión internacionales, ya venían denunciando repetidamente algunas de las conclusiones que refleja ahora este informe de Grant Thornton. Concretamente, la inacción de intermediarios como Google, X o Cloudflare, a los que su presidente Javier Tebas ha calificado como de cooperadores en todo el proceso del fraude audiovisual. Asimismo, LALIGA también venía reclamando una legislación acorde que permita el bloqueo de partidos en directo antes de la finalización de los mismos.
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