Este domingo se cumplen 120 días desde la rueda de prensa que realizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, donde anunció su intención de cesar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a todo el Govern de Cataluña y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Lo hizo amparándose en el artículo 155 de la Constitución que cinco días más tarde aprobó el Senado.
120 días de 155 se traducen, principalmente, en parálisis institucional y cese de organismos y altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Desde que el Gobierno central se hiciera cargo de la política catalana, muchos sectores públicos han sufrido la paralización de inversiones, como la Educación o la Sanidad, donde los trabajadores acusan al Ejecutivo de haber dejado de invertir 25 millones de euros.
El traslado de la soberanía catalana a La Moncloa ha provocado que decenas de ayuntamientos lamenten también la imposibilidad de acceder a inversiones, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, donde Ada Colau no ha podido convocar todavía la oferta de empleo pública que tenía prevista para potenciar los servicios de la ciudad.
El principal objetivo del Gobierno ha sido controlar las cuentas de la Generalitat y cesar a centenares de altos cargos, como el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, relevado por Ferrán López, o Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont y directora general de Coordinación Interdepartamental hasta hace unas semanas.
Otra de las medidas que ha llevado a cabo el equipo de Rajoy ha sido liquidar varios organismos autonómicos. Los más simbólicos, las 14 embajadas (menos la de Bruselas) internacionales y el Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, ejecutado el pasado 15 de diciembre en el Consejo de Ministros.
Las medidas más controvertidas, aparte del cese del Govern y la convocatoria de elecciones, han nacido de los órganos judiciales. El Tribunal Constitucional, el Supremo y la Fiscalía han sido quienes han dibujado principalmente el panorama actual de la política catalana, mandando a prisión a políticos como Oriol Junqueras o impidiendo la investidura a distancia de Carles Puigdemont.
Cronología del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros de cada viernes ha sido el lugar donde el Gobierno ha acordado las medidas a realizar bajo el amparo del 155.
El 31 de octubre, el Ejecutivo realizó un Real Decreto sobre las normas para las elecciones del 21-D. Además, los miembros del Gobierno acordaron la supresión de la Secretaría para el desarrollo del autogobierno y la Oficina para la mejora de las instituciones de autogobierno y Comisión Interdepartamental para el desarrollo del autogobierno.
Ese día aprobaron el cese del secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, y de los delegados territoriales del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Cataluña Central y Alt Pirineu i Aran, además del cese del director del Instituto de Estudios del Autogobierno.
Durante muchos viernes, el Consejo de Ministros ha dado ‘luz verde’ a la modificación de diferentes partidas de los presupuestos autonómicos, que, evidentemente, están prorrogados.
En noviembre fue turno para algunos nombramientos, como el de Rosa Anna Castillo i Picas como directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat o el de Miquel Mateo como director general de Centros Concertados y Centros Privados.
A mediados de diciembre, el Gobierno decidió dejar sin efecto los acuerdos de la Generalitat por los cuales se preveía centralizar en la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y en la Dirección General de Protección Social de la Generalitat, respectivamente, el pago de tributos de titularidad estatal y de cotizaciones sociales, en ambos casos correspondientes a entes del sector público catalán.
El último Consejo de Ministros del año, el del 29 de diciembre, el Gobierno firmó la adhesión de Cataluña al Convenio entre la Administración General del Estado y Farmaindustria.
Dos semanas después, el 19 de enero de 2018, el Ejecutivo decidió cesar a Elsa Artadi como directora general de Coordinación Interdepartamental y a Laura Borràs i Castanyer como directora de la Institución de las Letras Catalanas.
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