Un caso en que, hasta el momento y al menos públicamente, ningún perito o especialista vinculado a las partes contendientes ha osado en dar un pronóstico,
CRF, registrado en Islas Caimán, se considera el poseedor legal de una deuda por 72 millones de euros, mientras que Cuba no lo reconoce y lo acusa de fondo buitre.
Será la justicia del Reino Unido, con sus particularidades de disclosure, solicitor y barrister, quien emita un veredicto reconocido como de muy complejo. Tal vez por ello, la jueza Cockerill se tome varias jornadas reflexivas y al felicitar a ambos contendientes por la profesionalidad de la labor, les haya advertido que “no tendrán noticias mías durante algún tiempo”.
Alguna vela habrán encendido frente a una foto de la Cockerill, proceder ajeno al Derecho duro y puro.
