Valencia aprueba su ley autonómica de memoria histórica

Memoria histórica

Valencia aprueba su ley autonómica de memoria histórica

Solo el PP se opone a la norma por la que Generalitat asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo y que creará un censo de bebés robados.

Ximo Puig, presidente de la Generalitat de Valencia

Les Corts Valencianes han aprobado hoy la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana, que busca el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista.

La nueva ley regulará las políticas públicas para la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana, pero también articulará una serie de actuaciones para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión en las tres provincias valencianas. Un reconocimiento extensible también a los familiares de esas víctimas.

La norma ha salido adelante con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podemos, que la consideran un acto de justicia; la abstención de Ciudadanos, que ve la ley «manifiestamente mejorable», y los votos en contra del PP, que denuncia que la ley solo repara a las víctimas del franquismo y se olvida del resto, tal y como in.

Esta ley contempla que la Generalitat asumirá el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo, crea el Instituto de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, y prohíbe la exhibición pública de símbolos contrarios a la memoria democrática.

Además, incluirá la creación de un censo de bebés robados, que no será público pero proporcionará a los interesados copia de la documentación que les afecte, y prevé la creación de un banco de ADN que recogerá muestras de personas afectadas por estos hechos.

La ley establece un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor para proceder a la eliminación de elementos contrarios a los valores democráticos, y se solicita al Consell que requiera al Gobierno la creación de una Comisión de la Verdad, al tiempo que prevé una de ámbito autonómico.

Como novedad se incluye un régimen sancionador a fin de atajar las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.

Reacciones

La diputada socialista Mercedes Caballero ha asegurado que la aprobación de esta ley es un acto «de extrema justicia» que busca «un objetivo tan loable como recordar, reconocer y honrar a los que se esforzaron por asentar la libertad y los principios democráticos».

«Saldamos por fin una deuda política y simbólica de toda la sociedad con las víctimas», ha asegurado Caballero, mientras que Mariam Campello (Compromís) ha defendido la «importancia» de esta ley que pretende «poner historia donde otros quieren mitología y memoria donde otros quieren nostalgia».

Para la diputada de Podemos Llum Quiñonero, esta norma es «un primer paso para plantar cara a la memoria del franquismo y al adoctrinamiento» que décadas después aún perdura, y permitirá que entre «la luz y corra el aire por los viejos pasillos de la historia».

El popular Luis Santamaría ha señalado que al PP le hubiera bastado para apoyar la ley “con que se reconociera a todas las víctimas”, tanto a las del franquismo como a las represaliadas por motivos religiosos y a las víctimas del frente popular y de las checas.

«Han perdido una oportunidad», ha asegurado Santamaría, quien ha destacado que la norma estaba pensada para «amparar a todas las víctimas desde 1931 hasta 1978, pero realmente solo se centra en una parte de ellas, algo que ha considerado «triste».

Santamaría ha dicho no dudar de que el franquismo «hurtó a una generación el conocimiento de una parte de la realidad», pero ha pedido que no sean ahora los diputados valencianos quienes hurten a las próximas generaciones «del conocimiento completo de todo lo que sucedió».

Caballero ha negado que se reconozca solo a una parte de las víctimas, y ha acusado al PP de buscar excusas para no aprobar una ley que no le gusta y prueba de ello, ha dicho, es la enmienda a la totalidad presentada por ese grupo parlamentario.

Emigdio Tormo (Ciudadanos) ha justificado la abstención de su grupos pues aunque la ley tiene aspectos positivos, no se ajusta a lo que los valencianos necesitan, es «manifiestamente mejorable», mantiene “un pie en el siglo XX» y está «demasiado escorada todavía a una sola parte de los españoles”.

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