Dadas las “investigaciones en curso que están realizando las autoridades belgas”, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola “ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, tareas y competencias delegadas en Eva Kaili como vicepresidenta” de la cámara, ha informado la portavocía del Parlamento Europeo.
Esta decisión, en términos prácticos, supone la retirada de todas capacidades de actuación de Kaili, pero no así del título de la Vicepresidencia en sí, dado que despojarla del cargo corresponde al pleno del Parlamento Europeo.
Entre las competencias de Kaili, ya anuladas, figuraban por ejemplo su rol como presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Estrategia de Innovación de las TIC o sustituta de la Presidencia para los órganos multilaterales (fuera del ámbito de la seguridad), en particular Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC), recoge Europa Press.
Metsola ya había confirmado este sábado que la Eurocámara ha “cooperado plenamente” con las autoridades policiales y jurídicas pertinentes en relación con un posible caso de sobornos por parte de Qatar a Kaili.
“Nuestro Parlamento Europeo se mantiene firme contra la corrupción. En esta etapa, no podemos comentar sobre ninguna investigación en curso, excepto confirmar que hemos cooperado plenamente con todas las autoridades policiales y jurídicas pertinentes y que lo haremos”, ha manifestado Metsola.
En una publicación en su perfil oficial de la red social Twitter, la presidenta del Parlamento Europeo ha remarcado que el organismo hará “todo lo posible” para ayudar y colaborar para que la Justicia siga su curso.
La Policía belga registró el viernes el domicilio de Kaili, quien también fue interrogada, en relación a una trama de presuntos sobornos por parte de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo.
La Fiscalía federal informó también de la detención de cuatro personas y de hasta 16 registros llevados a cabo en varios barrios de Bruselas en el marco de una investigación sobre una “presunta organización criminal de corrupción y blanqueo de dinero” que desde hace meses buscaba en nombre de un país del Golfo influir en las decisiones “económicas y políticas” de la Eurocámara.
