El acuerdo contiene varios puntos. En primer lugar, el cierre perimetral “de obligado cumplimiento” en dos periodos temporales, los comprendidos entre el 17 y el 21 de marzo, con motivo del puente de San José, y entre el 26 de marzo y el 9 de abril, por la Semana Santa. Solo quedarán fuera las Canarias e Islas Baleares.
En cuanto al toque de queda durante esas mismas fechas quedará finalmente fijado entre las 23:00 y las 06:00 horas, una hora más tarde de lo que habían planteado los borradores que se habían conocido en los últimos días. En cuanto a los aforos de la hostelería, quedarán limitados a un máximo de cuatro personas en espacios públicos cerrados y de seis en abiertos, como las terrazas. Además, las reuniones en espacios cerrados se limitarán a convivientes.
No obstante, pese a esta suavización respecto a los planteamientos iniciales no se ha podido lograr un acuerdo total. Madrid ha mantenido su oposición y ha votado en contra de las medidas. De hecho, según ha señalado el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, “Madrid no va a cerrar”.
“La legislación a día de hoy, por lo que no regimos, es a través del Real Decreto del estado de alarma donde deja bien claro cuáles son las competencias a la hora de tomar las decisiones”, ha apuntado en una rueda de prensa paralela a la de Darias. Preguntada sobre esta posición, la ministra ha recordado que la norma será “de obligado cumplimiento y lo será para todos”. Además, ha apuntado que el cierre se dará “de facto” teniendo en cuenta que el resto de comunidades autónomas “estarán cerradas”.
A las críticas de Madrid se ha sumado además Cataluña, que se ha abstenido. Fuentes de Salut de la Generalitat han evidenciado su lamento por que el Gobierno “sólo quiera actuar en época de vacaciones” mientras “el resto del año se lava manos”. “Además, una vez más, actúa para frenar los pies en Madrid, para nada más”.
Vacuna de AstraZeneca a mayores de 55
Por otro lado, Darias ha explicado que la Comisión de Salud Pública se reunirá este viernes para valorar de nuevo si se administra la vacuna de AstraZeneca en personas de entre 55 y 65 años, tal y como han solicitado reiteradamente algunos gobiernos autonómicos, especialmente el de Cataluña.
