Los contribuyentes siguen sin recibir la información sobre la gestión de los mecanismos usados para realizar una reestructuración bancaria que pagamos todos. Esta semana se ha conocido la estructura laboral de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la verdad es que incita al sobresalto como casi todo lo relacionado con esta institución. Sobre todo, por aquello de que es mucho dinero público lo que está en juego. Porque si no hablaríamos más bien de algo parecido a una broma de gusto dudoso.
Según lo datos que aportaba esta semana un conocido diario nacional, el año pasado los empleados de este organismo percibieron una retribución media de 105.euros por cabeza, cifra que duplica las cantidades registradas en los grandes bancos para este mismo capítulo.
La entidad se ha defendido, dice que al principio sólo contrato directivos, que luego ya vino el personal de los otros escalafones y que ahora la media está ahora 80.700 euros al año, cifra que supone casi cuatro veces el salario medio que se cobra en España.
La estructura de la plantilla es peculiar. Abundan los directivos y los jefes, hay algún técnico y poco más. Dicen que esta estructura es más flexible, y que es necesaria porque con el tiempo el balance va a reducirse y hará falta menos personal para gestionarlo. Así que mejor ‘subcontratarlo’ todo ahora que tener que despedir luego. O más o menos.
Pero esto no es lo peor ni lo más relevante en el despropósito. Al fin y al cabo, sólo es un criterio que podría ser o no compartido o cuestionado. Si hubiera habido posibilidad de debatirlo. Pero no la ha habido. Y si hemos tenido conocimiento de esta peculiaridad y hasta un esbozo de justificación de los responsables de la entidad, es sólo porque los medios de comunicación han publicado una información que no se conocía.
Pero, ¿debería haberse sabido antes todo esto? Claro que sí. Cómo en cualquier otro país civilizado, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se emplea el dinero de sus impuestos. Y con todo lujo de detalles. Una práctica que es totalmente contraria a la que, hasta ahora ha llevado a cabo este organismo.
Probablemente, lo primer que conviene recordar es que aquello de que la titularidad de la Sareb se reparte entre el sector privado con un 55% del capital y el Estado con un 45% es sólo una fórmula nominal. La que representa la composición de su accionariado. En el que en cualquier caso, el sector público tiene una mayor participación que cualquiera de los otros 28 accionistas.
Además, a la hora de la verdad, es el dinero de los contribuyentes el que garantiza cualquier tipo de quebranto que supere los 4.800 millones de euros desembolsados por los bancos españoles, con la excepción del BBVA, y la propia Administración.
Como caben pocas dudas de que esa liquidación de activos ‘malos’ por valor de 50.781 millones de euros que los bancos españoles han transferido a la Sareb va a costar bastante más que eso, es bastante evidente la preeminencia que tiene el sector público al respecto.
Esto tiene su importancia porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de una empresa estatal que esta cubierta por un espeso velo de opacidad. Es prácticamente imposible saber cuáles son las operaciones que realiza, ni cómo lo hace.
También es complicado conocer lo que puede tener emitido, en operaciones financieras diversas y tampoco es transparente el proceso que usan a la hora de seleccionar las opciones tanto para la liquidación o la venta de los activos, como para cualquier otra operación de las que encarga a terceros. Así que los contribuyentes pagan, pero no tienen derecho a ser informados puntualmente de lo qué se hace con sus impuestos.
Es evidente que son ya muchos años de denostar al sector público y, por tanto, los ciudadanos han perdido la costumbre de exigir transparencia, cuando lo que está en juego es el dinero de todos.
Sólo así es imaginable que algo como la Sareb pueda estarse gestionando de la forma en que lo está haciendo Belén Romana, una presidenta controvertida que, en poco más de un año, ha protagonizado ya toda una suerte de terremotos laborales internos.
Sin embargo, lo más importante es, como decíamos antes, que no se sabe prácticamente nada ni de su actividad, ni de cuáles son los activos que mantiene, ni de los contratos que tiene firmados, ni de sus estrategias de gestión. Es decir, que no tenemos ni idea de lo que nos va a acabar costando a todos los españoles ese saneamiento adicional del sistema bancario.
Y que, visto lo visto, de eso parece tratarse, de maniobrar en la oscuridad más absoluta, sin luz, taquígrafos, ni testigos y sin que los auténticos dueños del invento que son los ciudadanos, se enteren de nada.
