Alemania sigue dedicada a imponer a los ciudadanos del sur de Europa unas políticas bien distintas a las que aplica en su territorio. No es la primera vez que escribo sobre este asunto y empiezo por pedir perdón a los lectores por esta reiteración. Pero, yo que siempre he estado convencido de las bondades y los beneficios del ‘paneuropeismo’ empiezo a ver como la realidad me obliga a poner sordina a estas creencias firmes y añejas.
El proyecto europeo se construyó desde la base con una total falta de confianza en los políticos de sus padres fundadores, lo que no era raro en unos tiempos, en los que los horrores del nazismo aún estaban muy presentes en la memoria de todos. Por eso se optó por llenar de tecnócratas las instituciones que conformaron la estructura sobre la que se erigió la antigua Comunidad Económica Europea, antecedente de la actual Unión.Y esa tradición se vio confirmada y ampliada en los distintos procesos de integración que sumaron a más países al club original.
La falta de peso político que se detecta desde siempre en Bruselas tuvo como consecuencia final más visible y terrible, la creación del euro, realizada sobre unas bases disparatadas e incompletas que, desde el principio, sólo resultaron beneficiosas para Alemania. Porque crear una unión monetaria sin que vaya reforzada por una unión fiscal permite y propicia que sea la mayor economía del grupo de países integrados la que imponga su ley y sus intereses a los demás.
Lo cierto es que resulta necesario tener en cuenta estos orígenes para entender lo que está ocurriendo. Sin ir más lejos, por ejemplo, el pasado viernes se anunciaba, con la parafernalia habitual que usan las agencias de noticias, para anticipar los grandes hitos, que la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas, sus actuales socios de gobierno, habían llegado a un acuerdo que permitirá a los ciudadanos alemanes jubilarse con 63 años, a partir del próximo mes de febrero.
Un giro radical que pone freno a la idea defendida siempre por Merkel en este ámbito y también una decisión más que curiosa, cuando todavía hoy los misioneros de la canciller en el sur de Europa hablan, una y otra vez, de la imperiosa necesidad de que los trabajadores meridionales retrasen su edad de jubilación.
Ante esta evidencia de disparidades y consideraciones que dividen en dos clases a los ciudadanos del Viejo Continente, lo lógico sería que los representantes políticos de los países damnificados se apresuraran a denunciar esa situación. Pero no es eso lo que sucede. Más bien al contrario, lo que hacen es aceptar esa discriminación, asumir los mandatos del país dominante e imponer a los ciudadanos que les eligieron todo lo que disponen los poderosos amos de la Unión.
Es obvio, además, que los germana se han olvidado de la gran contribución que esos socios a los que ahora no dudan en imponer sufrimientos, no siempre necesarios, a su costoso proceso de reunificación. Esa recreación de la gran Alemania que les convirtió en el ‘enfermo’ de Europa, porque las consideraciones políticas se impusieron en todo momento en aquel proceso a la lógica económica y que no podrían haber culminado sin la ayuda del resto de los europeos que admitieron fiscales laxas y que, incluso antes de la aparición del euro, aceptaron unas políticas monetarias blandas que favorecían la expansión alemana, aunque les perjudicaran.
Es evidente que ese pasado ha quedado diluido y parece importarle poco a las actuales autoridades germanas que, en lo tocante a la integración europea, sólo parecen preocupadas por resolver el inmenso problema generado por los voluminosos créditos que, con unos criterios profesionales, más que dudosos concedieron en los años de la euforia a empresas privadas del sur de Europa.
Esas entidades financieras, dirigidas por gestores de dudosa valía, han conseguido, sin embargo, que Angela Merkel y los suyos están a su servicio y se empleen a fondo en conseguir que esa deuda privada se transmute en pública para que sean los estados y, por lo tanto, todos los ciudadano del país, quienes garanticen los pagos pendientes. A cualquier precio.
Un objetivo, cuya puesta en práctica tuvo como consecuencia, en el caso español, aquel precipitado cambio de la Constitución, impulsado en septiembre de 2011 por el entonces presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero, que introdujo el concepto de ‘estabilidad presupuestaria’ en la carta magna con el beneplácito y el total apoyo del PP que lideraba la oposición en aquel momento.
