Los hechos demuestran que el Gobierno de Mariano Rajoy se sirve de la crisis para echar abajo aquello que con tanto esfuerzo la sociedad española ha construido en los últimos cincuenta años. El Consejo de Ministros aprobó, el pasado mes de septiembre, un anteproyecto para reformar las pensiones y su poder adquisitivo. Una medida que ha provocado una inmensa preocupación e inquietud social. Una más, entre tantas injusticias, desde que gobierna el Partido Popular.
Los hechos demuestran que el Gobierno de Mariano Rajoy se sirve de la crisis para echar abajo aquello que con tanto esfuerzo la sociedad española ha construido en los últimos cincuenta años: la educación para todos, la sanidad universal y la dependencia, como nuevo derecho social, entre otros logros. Ahora le toca el turno, a las pensiones.
De “desastrosa” califico la gestión llevada a cabo por el Gobierno en esta área. No hay que olvidar que congeló el SMI, algo que ningún otro había hecho (acaba de anunciar una segunda congelación por si no teníamos bastante).
Continuó con una reforma laboral injusta y muy agresiva, como se encargó de anticipar el ministro de Economía y Competitividad y claramente ineficaz para generar empleo y luchar contra el paro. Siguió con la rebaja de los salarios, que no congelación: casi 2,5 millones de trabajadores ya no tienen convenio colectivo. Como la cosa iba de recortes, no dudó en recortar las prestaciones por desempleo. A las políticas activas de empleo, tras el despido sin contemplaciones de los 3.000 orientadores y promotores de empleo y desaparecer las bonificaciones para los trabajadores mayores de 60 años –lo que traído consigo un aumento de las jubilaciones-, las ha dejado reducidas a la mínima expresión.
En el caso de las pensiones la nueva política comenzó, también conviene recordarlo, con la no actualización por la desviación del IPC en 2012, que fue de 1,9 puntos. Aguantó hasta el último momento para ofrecer la mala noticia. No habría lugar a la actualización de las pensiones, cuando, sin empacho alguno, medio Gobierno opinó sobre cómo tenía que llevarse a cabo la revisión.
No hace falta subrayar que las formas también son aquí esenciales, porque en mayo de 2010, siete meses antes, el Gobierno socialista anunció que en 2011 no se produciría la revisión de las pensiones más altas, ya que las mínimas sí experimentaron la actualización, mientras que el Gobierno de Rajoy esperó al último día. Esta es la diferencia entre uno y otro: siete meses antes o esperar al último día, engañando a todos los pensionistas.
El objetivo siguiente fue la jubilación anticipada, una de las materias fundamentales en la reforma del sistema de pensiones de 2011 (una reforma, por cierto, a la que no dejan que plenamente se ponga en marcha). El Gobierno de Rajoy lo hizo, como siempre, sin consultar y sin negociar. Aquí los perjudicados son los despedidos a la edad de 61 años y todos sabemos de las dificultades de encontrar un trabajo a esa edad.
Ahora, otra nueva reforma acabará con la actualización de las pensiones de acuerdo a como evolucione el índice de precios. Una reforma que ha empeorado el informe de la Comisión de Expertos. No nos gustaba aquella propuesta pero la que plantea el Gobierno termina por empeorarla. Sanciona siempre la pérdida de poder adquisitivo. Subida del 0,25% cuando las cosas van mal. Esto es, pérdida de poder adquisitivo porque el IPC casi siempre sube más. Y cuando las cosas van bien, el IPC más 0,25%.
A este respecto, no está de más recordar la media del IPC desde nuestra entrada en el euro: el 2,8%. Si se mantuviera en esta cota en la próxima década, con la aplicación del procedimiento del Gobierno, la pérdida se elevaría a 94.000 millones, casi tres veces más de los 33.000 millones que ha calculado. ¿Cuánto tiempo se tardaría en recuperar el poder adquisitivo por esta pérdida durante diez años? Un siglo. Sí, un siglo.
En mi opinión, las pensiones, una vez originadas, deben mantener el poder adquisitivo, para dar seguridad y confianza a los que se jubilan. La Constitución Española es clara: “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (art. 50 CE). El problema no es la adopción excepcional de medidas que impidan en algún año el mantenimiento del poder de compra, sino, como hace la fórmula planteada por el Gobierno, consolidar durante largos periodos la pérdida progresiva de poder adquisitivo.
Nuestro sistema público de pensiones ha acumulado casi 70.000 millones en un Fondo de Reserva constituido para no tener que subir las cotizaciones sociales o no revalorizar las pensiones en situaciones de crisis. Se trata, también, de una herencia que el Gobierno de Rajoy recibió. El PSOE, por el contrario, apenas encontró 14.000 millones del Fondo de Reserva cuando el Partido Popular dejó el Gobierno en 2004.
Al margen de las herencias recibidas, que también son significativas, ahora el empeño debe encaminarse a producir reformas para mejorar la salud financiera del sistema público de pensiones.
En este punto surgen inmediatamente dos grandes interrogantes. El primero, sobre las reformas para crear empleo, ¿cómo va estar bien el sistema si hay 900.000 afiliados menos que los que había cuando el Partido Popular comenzó a gobernar? Y el segundo, sobre las reformas para mejorar los ingresos de las cotizaciones, ¿cómo va a estar bien el sistema si los ingresos han caído, en 2012, un 4%, la peor cifra de la historia de nuestra Seguridad Social? ¿Cómo va a estar bien si para el próximo año 2014 se estima una bajada en los ingresos del 3,4%. Menos empleo, menos afiliación y menos salarios. Este es el venenoso coctel que se nos ofrece.
Lo que necesitamos son reformas para hacer fuerte el sistema público de pensiones, mirando sobre todo hacia la restauración de la enorme caída de ingresos producida con la reforma laboral, y no para que alguien pueda decir a nuestros jubilados que como el sistema no será capaz de mantener el poder adquisitivo de sus pensiones es mejor que acudan a un fondo de pensiones privado.
