Si todos los políticos mundiales tuvieran como tarea prioritaria el ejercicio de la corrupción, los promotores de ideas tan geniales como la, cada vez más extendida, gestión privada de los servicios públicos merecerían un monumento, como mínimo. Es casi la cuadratura del círculo.
Veamos. Al privatizar una empresa se puede ‘cobrar’ una vez sólo, por lo menos de forma directa y sin resistencia alguna por parte del equipo gestor que llega a la dirección tras la configuración de un nuevo accionariado. Sin embargo, si se trata de un negocio cuya concesión hay que renovar periódicamente, el cobro estará siempre asegurado. Al menos, si los beneficiarios de la comisión se mantienen en el poder.
No obstante, es obvio, que en España, por ejemplo, los motivos para que se haya generalizado la fórmula anteriormente descrita nada tienen que ver con la malintencionada descripción realizada en el primer párrafo de esta columna. Aquí se persigue el bien común.
