Los abogados de “Manos Limpias”, tan aficionados a acusar de oficio y a suplementar la misión de los fiscales, van a tener ahora que defenderse a ellos mismos. La imaginación de Francisco de Quevedo está convirtiéndose en realidad kafkiana cuatro siglos después. La cúpula del sindicato justiciero Manos Limpias, que durante años se empeñó en salvarnos a todos de la corrupción que nos acongoja, se está viendo intoxicado con su propia receta. Para sus jefes todo lo que se movía en la vida pública era condenable y en promover sentencias volcaban su actividad vocacionalmente redentora. Como buenos españoles se consideraban nacidos para salvarnos.
Pero, una vez más se confirma que es fácil perseguir y acusar sin mirarse en el espejo interior, que a menudo oculta las miserias de nuestra cotidianidad y los esqueletos guardados en las trastiendas. En medio del escándalo de los “papeles de Panamá” y otras minucias, nos enteramos que “Manos Limpias” no estaban lavadas del todo: lejos de dar ejemplo de pulcritud, y de administrar justicia por libre, acaba de descubrirse que este extraño sindicato tiene tanto que ocultar como muchos de sus perseguidos.
Los despachos de tan oscura organización han sido registrados por agentes de la UDEF, lo mismo que los domicilios de algunos de sus cabecillas, y su secretario general, Miguel Bernad, detenido para responder de acusaciones graves. Las pruebas encontradas por los sabuesos de la Guardia Civil reflejan que, desde la hipocresía activa, tan “impolutas” manos lo mismo manipulaban acusaciones de políticos de medio pelo que se cebaban en el proceso a la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin.
Los abogados de “Manos Limpias”, tan aficionados a acusar de oficio y a suplementar la misión de los fiscales, van a tener ahora que defenderse a ellos mismos y a la misteriosa sombra que les cubría. Las manos supuestamente limpias lejos de ser una ayuda para la regeneración de la sociedad, han sido cogidas in fraganti amasando (presuntamente) delitos del mismo modo condenables: bajo su capa de alguacil protector promovían querellas judiciales para intentar cobrar luego a cambio de retirarlas; es decir, lo que en el Código Penal se llama extorsión.
