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La necesaria reconstrucción y regeneración de la Justicia

viernes 20 de noviembre de 2015, 00:00h
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española
Ciudadanos y profesionales que desarrollan su actividad en la Administración de Justicia coinciden en que la Justicia quedó desenganchada del vagón de cola en el periodo de la transición hacia la democracia. No sólo desenganchada, también olvidada porque durante mucho tiempo los políticos han pensado que la Justicia ni daba ni quitaba votos.

Ahora, en época de propuestas y ofertas electorales, mucho nos tememos, que los partidos políticos continúen dejando en el cajón del olvido la resolución de los males que afectan a la Justicia. En campaña electoral, los líderes políticos dedican más esfuerzos a lanzarse ataques mutuos por los casos que se están tramitando en los tribunales que a ofrecer soluciones a una Administración de Justicia que necesita unas reformas imprescindibles para convertirse en una auténtico servicio público eficiente y al servicio de los ciudadanos.

Existen tensiones entre los poderes concurrentes en la Justicia que generan posiciones enfrentadas cuya falta de acuerdos paraliza o, cuando menos, retrasa las decisiones necesarias para tener una Justicia realmente independiente y eficiente y en libertad.

La Justicia ha sido la “cenicienta” en las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado desde hace ya más de cuarenta años. Ser la hermana pobre en las cuentas del Estado ha provocado que tengamos menos jueces de los necesarios, que muchos juzgados se encuentren en una situación lamentable, que todavía existan legajos sucios y amarillentos y que estén almacenados en lavabos y trasteros, sin orden ni control, con información sensible de los ciudadanos. No existen ni los medios personales ni los materiales indispensables para tener una Justicia propia del Siglo XXI.

La tan necesitada modernización tecnológica, que desde hace años es una realidad en la Administración Tributaria o en la Seguridad Social, todavía no ha llegado a la Justicia y su puesta en marcha, anunciada por el ministro para el día 1 de enero de 2016, tal vez esté pendiente del resultado de las elecciones del 20 de diciembre. Además, se permite la coexistencia de dieciocho sistemas informáticos incapaces de comunicarse entre sí, lo que para los ciudadanos y empresas supone una falta de seguridad jurídica que ofende al sentido común.

Y lo peor es que las soluciones que se ofrecen se construyen sobre unos datos, los del Consejo General del Poder Judicial, que no son fiables. Y los responsables políticos y de la Justicia lo saben. Año tras año, en el acto solemne de la apertura de los tribunales se viene diciendo que los “asuntos judiciales” son de ocho millones y hace poco más de un año de nueve millones. La realidad, según un informe de la Universidad Autónoma de Madrid, es que la verdadera carga judicial es apenas una tercera parte de los “datos oficiales”. Sobre esos datos erróneos se han adoptado decisiones que han acabado siendo leyes y que se aplican y perjudican a los ciudadanos.

Además una Justicia que es lenta y llega tarde a solucionar los conflictos no es una verdadera Justicia. Frente a los viejos tópicos que acusan a los abogados de dilatar innecesariamente los procesos hay que decir con la voz bien alta que esto no es verdad y es imposible. Sólo la ley establece los recursos admisibles y sus plazos de formulación, siempre breves, entre tres y diez días. Si el abogado deja transcurrir sólo unas horas del cumplimiento del plazo, inexcusablemente verá inadmitido su recurso con los efectos pertinentes de responsabilidad profesional y personal del letrado. Los plazos siempre se cumplen por los abogados; esta regla no se aplica por igual al resto de las partes en los procesos.

Es evidente que se necesita con urgencia un cambio profundo que respalde y refuerce el papel de la Justicia como vertebrador de la democracia. Ahora que los responsables de los partidos políticos están elaborando sus programas electorales en busca del voto del ciudadano, nos encontramos ante una magnífica oportunidad para incluir medidas que logren un servicio público eficiente y eficaz para los ciudadanos que demandan justicia.

La Abogacía institucional está manteniendo encuentros con las diferentes fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones del 20-D para trasladarles nuestras propuestas y reclamar un cambio desde el diálogo y el consenso, nunca desde la imposición. Nuestro objetivo son los ciudadanos, que deben convertirse en la finalidad y fundamento de las decisiones de los tribunales, porque no olvidemos que nuestra Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La falta de respeto a los ciudadanos, la desconsideración hacia el valor del tiempo que se pierde innecesariamente, la escasa sensibilidad social o esos retrasos en unos juzgados mientras que en otros con la misma carga se resuelven adecuadamente deberían ser inmediatamente corregidos

Sin necesidad de gastar elevadas cantidades de dinero, se podría dar solucionar a muchos de estos ejemplos. Es cierto que la Justicia necesita más inversiones, más presupuesto, más medios materiales y personales, pero también necesita ser más eficiente. Sobre todo, necesita una organización que esté realmente al servicio de los ciudadanos y no de los políticos o de los jueces.

Un sistema de Justicia, que es la base de la convivencia y de la paz social, no puede dejarse al albur del juego de las mayorías, que siempre es contingente. Por este motivo, es necesario separar a la Justicia del debate partidista y dar entrada a los profesionales para alcanzar un gran Pacto de Estado por la Justicia.

Es necesario reconstruir, tal vez sería mejor decir regenerar,la Administración de Justicia en España y para ello hace falta el compromiso de todos, porque entre todos hemos de conseguir que la Justicia funcione de forma ágil, previsible y neutral, siempre al servicio del ciudadano. En la Justicia debe existir calidad, seguridad jurídica, previsibilidad y resolución de conflictos en un tiempo razonable.

Durante la legislatura que ahora finaliza, la Abogacía Española ha dado muestras de unidad y firmeza, demostrando su capacidad de liderazgo del colectivo, en cuestiones claves como la eliminación de las tasas judiciales –aunque está pendiente su derogación para las pymes y ONGs- las propuestas de regulación de los Servicios y Colegios Profesionales, las ideas para reformar la planta judicial y el mantenimiento de los partidos judiciales, sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o las recientes reformas del proceso civil y penal. Todo ello sin más armas que la razón ni más aliados que una sociedad necesitada de asesoramiento y defensa.

También es preciso desarrollar un sistema de defensa jurídica nuevo, porque sin esta defensa no puede haber contradicción ni igualdad entre las partes del proceso ni, por tanto, Justicia y careciendo de este último recurso no puede haber Estado de Derecho. Por ello es necesario completar el sistema de tutela judicial efectiva garantizado por nuestra Constitución con la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que regule el asesoramiento y la defensa jurídica en general, pero también el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita, acabando de una vez con los indignos retrasos y recortes económicos así como reforzar otros derechos conexos como la formación, la confidencialidad de las conversaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología, el secreto profesional, etc…

Los abogados también hemos afianzado nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, que debe ser enseña de identidad de la Abogacía. Es nuestra obligación estar siempre atentos y ser valientes y decididos en la denuncia de la injusticia, se produzca donde se produzca. Ante la crisis de las refugiados en Europa, el drama humanitario más importante desde el final de la II Guerra Mundial, los abogados y la Abogacía hemos tomado la iniciativa para asesorar a los miles de desplazados que España debe acoger. Para ello, hemos puesto en marcha un Registro voluntario de abogados que ya cuenta con más de 1.200 letrados especializados en asilo y refugio para atender las necesidades de los desplazados. Incluso muchos se han ofrecido a defender los derechos de los refugiados más allá de nuestras fronteras.

Todos tenemos que involucrarnos y ser capaces de dar una respuesta a esos miles de conciudadanos para hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por mucho que alcemos alambradas o tengan que atravesar un mar embravecido no impedirán el paso de los desesperados que sólo buscan salvar su vida.

*Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española
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