Mañana, 6 de noviembre, se inicia en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre la venta de viviendas del IVIMA a Azora-Goldman Sachs. Mañana, 6 de noviembre, se inicia en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre la venta de viviendas del IVIMA a Azora-Goldman Sachs. En esta primera sesión, además de una representante de los afectados, intervendrán dos exdirectores del IVIMA y la que por entonces era secretaria general técnica de Infraestructuras y Vivienda.
Parece que Ciudadanos está de acuerdo en que ahora comparezcan en sede parlamentaria los principales artífices de dicha venta. Una postura que contrasta con la mantenida hace apenas quince días, cuando se opusieron “in extremis” a aprobar la Proposición No de Ley que pretendía instar a la Comunidad de Madrid a recuperar las 2.935 viviendas enajenadas en la operación. ¿Qué ha cambiado en estos quince días para Ciudadanos? Posiblemente todo y nada a la vez.
La operación de venta, a todas luces irregular, supuso la antesala de la exclusión para miles de familias que, de la noche a la mañana, vieron cómo sus derechos eran vulnerados con un gesto tan sencillo como cambiarles de casero. La Comunidad de Madrid, con Ignacio González y su consejero Pablo Cavero al frente, dieron instrucciones en 2013 a los responsables del IVIMA para que se deshicieran del Plan Joven de vivienda y así hacer caja. Poco les importó que las viviendas estuvieran habitadas por sus legítimos adjudicatarios y en un “allá te las apañes” les dijeron adiós. No fue precisamente un “adiós con el corazón” sino un rotundo “que os zurzan”.
Dos años han pasado y muchas de estas familias, asfixiadas económicamente, sin ayudas para poder hacer frente a sus cuotas o, sencillamente, sin medios para poder comprarlas, han abandonado las viviendas. Por no hablar de las que se han tenido que ir porque ya no aguantan más convivir con mafias que han ocupado sus edificios y a base de amenazas, agresiones y destrozos les hacen la vida imposible. Cientos de proyectos de vida truncados porque aquellos que debían defenderles, aquellos que eran los encargados de gestionar el patrimonio público, decidieron que eran prescindibles.
A día de hoy es difícil encontrar a alguien que opine que aquella venta fuera justa, necesaria para el conjunto de la sociedad madrileña. De hecho, incluso el PP ha acordado con Ciudadanos que no habrá nuevas ventas de vivienda pública a los “buitres”. En este reconocimiento tácito de que aquella venta fue injusta e innecesaria Ciudadanos muestra su parte amable, su parte sensible hacia los problemas de los afectados, de ahí que apoye que el tema se aborde en la comisión de investigación. Pero, si están de acuerdo en que la venta fue injusta e innecesaria ¿por qué consideran que no sería legal recuperar las 2.935 viviendas de la discordia? Pues porque una cosa es que se persiga a políticos corruptos y otra bien distinta que aceptemos que las operaciones de los “buitres” no sean legales, hasta ahí podíamos llegar.
Este sentir generalizado de que el problema surge del político corrupto e insensible pero no del empresario, cuya misión es hacer negocio, y esto lo legitima a hacer cualquier cosa en aras del beneficio de su empresa, no es ni más ni menos que el equivalente a pensar que puede haber corruptos sin la concurrencia de corruptores.
Y en esas estamos, a las puertas de dilucidar públicamente la responsabilidad política de una venta que nunca se debió producir y a la espera de que la justicia, mucho más lenta y por ello menos justa de lo necesario, se decida a llevar toda esta operación aberrante hasta sus últimas consecuencias.
* Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
