En los últimos días, a raíz de algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, esta cobrando de nuevo protagonismo el papel que jugó el Banco de España en el prólogo de la devastadora crisis de las cajas que se ha llevado por delante a la mitad del antiguo sistema financiero español.
Según las último que se ha 'publicado' sobre este asunto, todo parece indicar que se intenta desplazar hacia el supervisor bancario español el grueso de la responsabilidad del desastre, en un curioso ejercicio que supone algo parecido a si se pretendiera demostrar que el culpable del robo de una joyería es el guardia que no puso el celo suficiente en el desarrollo de su labor y no el ladrón que cometió el atraco.
Es evidente que ni el Banco de España, ni los máximos responsables que ha tenido en estos años pueden pretender quedarse al margen del desastre. Pero no tienen ese papel estelar que algunos quieren atribuirles ahora. Ese protagonismo corresponde a los gestores que se encargaron de realizar en los balances de las cajas esos enormes agujeros que conocemos ahora y que más que negros son casi multicolores.
Probablemente sería conveniente situar el origen de este proceso en el último tramo de la pasada década, cuando empezó a percibirse que había algunas cajas con problemas de solvencia y aparecieron distintas soluciones para abordarlos. Apaños, cuyo denominador común era no atacar en su raíz las verdaderas causas del deterioro de los balances. La más conocida de todas, y la que al final se puso en práctica, fue la constitución de SIPs, aquellos sistemas institucionales de protección, a los que también se denominó 'fusiones frías', o ya en un tono más coloquial, catalíticas, por aquello de que 'calentaban pero no quemaban'. Unos sistemas fracasados que, vistos con la perspectiva que da el tiempo, parecen más una idea de 'Rinconete y Cortadillo' que otra cosa.
Pero ni en los tiempos de dinero abundante y tipos bajos, ni en el inicio de la hecatombe, nadie pareció darse cuenta de que la enfermedad era tan grave que quizá no iba a tener solución. Sobre todo, también, porque a aquellos que mostraban otra visión más realista del negro panorama eran considerados aves de mal agüero empeñadas en dramatizar la situación y cuyo único interés era aguar la fiesta.
Ni siquiera cuando aparecieron los primeros indicios de que aquello iba en serio, como la crisis de Caja Castilla-La Mancha, o la de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del señor Medina, luego denominada Cajasur, se actuó con contundencia y rápidez. Más aún, sobre todo en este segundo caso, se dejó pasar el tiempo suficiente para que los monseñores encargados de su gestión pudieran eludir cualquier responsabilidad directa en el desastre.
Con esa actitud constante no resulta extraño que para solucionar la quiebra de Bancaja, su cúpula directiva tuviera la idea de que si creaba una entidad más grande, con la también averiada Caja Madrid y otras cuantas entidades de menor tamaño aparecería una entidad sistémica a la que sería necesario salvar. Y así nació ese Frankestein, conocido como Bankia, cuyo rescate va a costar 30.000 millones, o lo que es lo mismo, el 3% del PIB español de un año.
El Banco de España jugó su papel, desde luego, al autorizar la operación. Pero la iniciativa fue de aquellos políticos metidos a 'cajeros' que sólo buscaban su salvación personal, diluir su responsabilidad en el gigantesco 'maremagnum' creado con la alianza. Y quizá lo hubieran podido conseguir sin la estrambótica salida a Bolsa de la entidad. Una operación que trajo consigo el suministro de un buen puñado de datos 'amañados' a los inversores, de unas cifras, cuando menos inciertas, que, además, contaron con el visto bueno del auditor, pero que fueron fabricado por los gestores que impulsaron la operación. Una circunstancia que tendrá su historia en los tribunales, sin duda, y cuyo esclarecimiento es un extremo deseable.
Hay otros casos menos aparatosos, sobre todo porque no se produjeron las salidas a Bolsa, como los de Catalunya Caixa o Novagalicia, pero no por ello menos graves. Y en los que también se produce otra dolorosa realidad la de que mientras los trabajadores pierden sus empleos, con una condiciones distintas a las previstas en sus contratos gracias a los cambios introducidos por la reforma laboral, los gestores y verdaderos culpables de lo ocurrido se van a casa con el cobro íntegro de los suyos que, además, hacen respetar si es necesario con el correspondiente recurso a la justicia.
En definitiva, como decíamos al principio, de lo que estamos hablando es de la liquidación de cerca del 50% del sistema financiero y era imposible que ese proceso se saldará sin dolor, por mucho que hubiera personas 'bienpensantes' convencidas de lo contrario, cuyo sentido de la realidad fue y es, cuando menos dudoso. Lo malo es que algunas entre ellas se movían y se siguen moviendo en las esferas cercanas al Gobierno y sus aledaños.
