Desde algunas empresas españolas se ha levantado la voz en estos días, de forma desagregada, para solicitar al poder político que estudie fórmulas para evitar que, por culpa de la situación actual de los mercados, puedan correr el riesgo de ser objeto de una opa hostil.
De una oferta de compra no deseada, lanzada por cualquier compañía internacional de las que compiten directamente con ellas para aprovechar este tiempo de caída de las valoraciones y recortes en los precios. Lo que no han hecho, es explicar cómo puede establecerse ese supuesto blindaje en el entorno actual de mercados financieros globalizados.
Además, la petición es bastante singular por venir de dónde viene. Lo cierto es que gran parte de las penurias que algunos grupos corporativos hispanos atraviesan y que se encuentran en la raíz de estos temores y dificultades tienen algo que ver, precisamente, por el hecho de haber realizados procesos de expansión internacional durante los cuales compraron empresas en otros países cuando los precios y las condiciones de mercado se lo permitían.
Quizá porque en muchos casos, esa libertad de mercado que se reclama para operar, se pretenden para uno, pero no para el resto. Un ejemplo reciente de esta peculiar forma de ver la cosas se produce ahora en Alemania, donde la coalición de conservadores y liberales que preside Angela Merkel, plagada de verdaderos adalides de la libertad de mercado, se plantea poner límites a la negociación de alta frecuencia que usan ahora gran parte de los operadores bursátiles, dispuestos a sacar partido de cada microsegundo gracias a la emisión de órdenes mecanizadas por complejos algoritmos.
Obviamente esta opción de prohibir ciertas prácticas que se piensan que pueden dañar en momentos concretos la necesaria libre concurrencia de intereses en los mercados financieros es completamente legítima. E incluso quizá adecuada, según la visión de determinados expertos que creen que en momentos de alta volatilidad como los actuales conviene evitar las distorsiones. Pero resulta chocante que sea un gobierno partidario de las liberalizaciones en todos los ámbitos de la economía quien enarbole esta bandera reivindicativa de la regulación.
Y, por último, otra de estas curiosidades no siempre fáciles de entender se relaciona con el último movimiento que se le atribuye a Rodrigo Rato, el antiguo superministro económico y reciente muñidor de Bankia que, desde la presidencia de Caja Madrid que aún conserva, se ha manifestado contrario a que la recapitalización de esta entidad financiera se realice con dinero público.
Evidentemente, aparte de que este no es tanto el problema cómo el determinar y saber en realidad de dónde van a salir los recursos que hacen falta, no resulta raro que más de un observador se pregunte cómo es posible que ahora Rato se permita dar consejos sobre la forma de solucionar un problema que contribuyó a crear.
