La auténtica factura de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid

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El verdadero escarnio para los contribuyentes es el rescate bancario, no las famosas tajetas ‘black’ de Caja Madrid. Sorprende en estos días, el empeño, y hasta el celo, con el que partidos y organizaciones sindicales parecen ‘perseguir’ a los representantes supuestamente corruptos que colocaron en Caja Madrid y que durante años gozaron del privilegio de las ‘tarjetas black’, esos trozos de plástico maravillosos, cuyos portadores podían gastar dinero sin límite y, por supuesto, sin dar cuentas a Hacienda de las operaciones que realizaban.

La historia, tal y como la cuentan algunos, resulta prodigiosa. Se trata de un grupo de ‘fascinerosos’ que habría actuado impunemente, amparados por el secreto cómplice que desarrollaron en su cofradía fraudulenta, a los que, finalmente habrían cazado los actuales gestores de Bankia que, tras una investigación cuidadosa y justiciera, habría puesto en manos del FROB las pruebas del presunto engaño, y desde allí, en representación de los intereses de los contribuyentes, que unos y otros defienden, puesto que, en estos momentos son responsables de la gestión de un banco público, se habrían hecho llegar las pruebas del presunto delito a la justicia.

Ahora, será al poder legislativo, a los jueces, a quienes le tocará probar que tales conductas fueron delictivas y aplicar la correspondiente sanción derivada de las ilegalidades correspondientes. Pero, ya antes de que esas responsabilidades penales, sí las hay, sean depuradas, se ha aplicado la mano dura correspondiente a las responsabilidades políticas. Y, por eso casi todos los ‘acusados’ han abandonado los cargos que mantenían tras haber sido cesados u obligados a dimitir por los dirigentes actuales de los partidos o sindicatos en los que militaban.

Todo muy bonito. Tan cerrado como los buenos argumentos de la mejores novelas policiacas y, ¿por qué no? la prueba definitiva de que la regeneración democrática por fin está en marcha, quién la hace la paga y todo lo demás. Porque estos presuntos fascinerosos, además de haber visto como se les afea su conducta y de tener que enfrentarse a un juicio que les proporcionará su merecido según las leyes vigentes, van a tener que devolver hasta el último euro de esas cantidades que gastaron alegremente causando un perjuicio claro a los ciudadanos y los contribuyentes.

¿Precioso, verdad? Quizá no tanto. Lo malo es que se trata de un relato amañado que no responde fielmente a la realidad. Este grupo de chivos expiatorios que, evidentemente serán, si así se demuestra, culpables de lo suyo, ha realizado un expolio muy limitado de los recursos públicos que debían gestionar. Unos pocos millones de euros, en realidad, comparados con la magnitud del rescate bancario y los costes colaterales que se han derivado de él.

La transmutación prodigiosa de las deudas contraídas por el sector privado en deuda pública ha costado ya, vía inyecciones de capital y avales para reflotar las cajas hundidas, 88.140 millones de euros, un 8,4% del PIB, casi el doble de la media europea que, según el último informe sobre el sector de la Comisión Europea, está situada en un 4,6%. Eso sin contar, lo que algunos expertos han llamado el segundo rescate, los otros 40.000 millones de euros en créditos fiscales que también van a caer sobre las espaldas del contribuyente español.

Y esas cantidades, más las imposiciones de los acreedores que controlan la política de la UE, está detrás de los recortes en sanidad y educación, que han laminado nuestro estado del bienestar, de la devaluación salarial que nos ha empobrecido, de la falta de crédito que ha disparado la cifras del paro y de las reformas infames, como la laboral, que han supuesto la pérdidas de derechos históricos.

La cosa no termina ahí. Ni mucho menos. Según el plan previsto, y que ya se ha aplicado en algunos casos, una vez ‘saneadas’ estas entidades gracias al flujo ingente del dinero público se entregan de nuevo a precio de saldo al sector privado que obtendrá la rentabilidad final de toda esta curiosa operación.

Evidentemente, parece bastante poca cosa que, con estos antecedentes, nuestros políticos de todas las tendencias se feliciten tanto por haberse comportado con la máxima dureza y el máximo rigor con ese grupete de alegres ‘bon vivants’ que se sentaba en el consejo de Caja Madrid.

Y los ciudadanos no debemos conformarnos con tan poco. Como mínimo hay que lograr que los responsables del mayor robo de la historia de España, los verdaderos, hagan frente a las consecuencias de sus actos, a que los delitos por los que tengan que pagar sean los correspondientes a la verdadera magnitud del daño creado.

Además, hay que saber hasta que punto es al Estado español y, por lo tanto, a sus contribuyentes a quien corresponde hacerse cargo de las deudas contraídas por individuos privados en operaciones privadas. De ahí que, en cierto sentido, la idea de, por ejemplo, Podemos, de hacer una auditoría de la deuda no sea tan descabellada.

Saber los motivos por los que tenemos que pagar lo que pagamos a qué y a quién corresponde cada cantidad y las consecuencias que ha tenido para todos asumirla es el verdadero principio de la regeneración democrática. Y eso, sólo puede hacerlo un gobierno que no tenga lazo alguno con la vergonzosa etapa anterior que solo conseguiremos cerrar cuando las urnas marquen un verdadero cambio de rumbo.