Nueva Pescanova sufre otro revés en su batalla judicial contra los accionistas históricos

Pescanova
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La victoria judicial que los accionistas históricos de Pescanova se apuntaron hace cinco meses frente a los antiguos bancos acreedores de la sociedad logra el refrendo de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El tribunal ha desestimado que estén gozando del supuesto trato de favor que denuncian los gestores de la nueva cabecera del grupo.

El recurso de apelación que había interpuesto Nueva Pescanova contra la decisión del juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital gallega ha quedado desestimado en su integridad. La actual cabecera del grupo pesquero había denunciado ventajas patrimoniales en los acuerdos de fusión y doble segregación a favor de la ‘vieja Pescanova’ que buscaban garantizar la supervivencia de esta a cambio del trasvase de toda su actividad productiva a la nueva sociedad.

Desde Nueva Pescanova se solicitaba incluso una indemnización por las supuestas ventajas que la antigua matriz de la compañía se habría reservado en los acuerdos de fusión y doble segregación. La actual cabecera había sido condenada ya el pasado mes de diciembre al pago de las costas procesales, un gasto sobrevenido que promete dilatar aún más el accidentado camino de regreso a Bolsa de la pesquera pontevedresa.

El documento judicial conocido poco antes del fin del año pasado desestimaba todas las “pretensiones principales” de Nueva Pescanova frente a la antigua matriz, que ha quedado reducida a una simple tenedora de acciones de la nueva cabecera, de la que aglutinaba solo un 20% de acciones, porcentaje que además quedaría diluido al 1,7% tras la ampliación de capital diseñada por los antiguos bancos acreedores y que los accionistas históricos se han negado a respaldar.

Los privilegios hacia los que se apuntaba eran la obligación de Nueva Pescanova de prestar “libre de costes” para la antigua cabecera “apoyo administrativo, fiscal y legal” por un periodo de cuatro años que comenzó a contar el pasado 1 de diciembre de 2015, así como por el derecho a disponer de oficinas en la sede del grupo sin coste alguno. También por la retención de una garantía de 1,9 millones de euros vinculada a un crédito de 50 millones de euros que Pescanova tiene con su heredera.

Frente a estas acusaciones, la vieja cotizada suspendida de negociación desde marzo de 2013, alegó en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que todos estos pormenores de la relación existente entre ambas compañías se rige por los acuerdos pactados dentro del marco de reestructuración. Del mismo apuntó que, en el momento de su aprobación, no merecieron “la acción de impugnación por cualquiera de los sujetos legitimados”, incluidos los acreedores del grupo.

En aquel momento, la antigua cabecera aseguró igualmente que la presentación de esta demanda no respondía a otro propósito que el de enfrentar a las dos sociedades y resquebrajar las debilitadas relaciones entre los accionistas de la sociedad histórica. Esta última aguanta una deuda concursal y posconcursal cercana a los 64 millones de euros.