El sindicato de funcionarios reclama a Montoro la devolución de la paga extra de 2012

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El sindicato de funcionarios reclama a Montoro la devolución de la paga extra de 2012

Sede del CSI-F

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, asegura que la devolución de un día de libre disposición a los funcionarios «va en la senda positiva», pero es «muy escaso». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) emplazó hoy al Gobierno a abrir la mesa de negociación para abordar la aprobación de medidas para recuperar las condiciones laborales y el esfuerzo realizado por el conjunto de los empleados públicos desde el comienzo de la crisis económica.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, valora que existe un cambio de actitud por parte del Ejecutivo en la línea del reconocimiento de los sacrificios realizados por los trabajadores de las administraciones públicas, como indica la devolución prevista de un día de libre disposición. Borra, considera que este anuncio “va en la senda positiva, pero es “muy escaso”.

Además, recordó la anulación de tres días de libre disposición a los funcionarios de justicia la semana pasada, horas después de haberse aprobado una instrucción ministerial en la que se hacía efectiva esta devolución de „moscosos?. “Los empleados públicos se merecen mucho más respeto que todo eso”, apostilló Borra.

“El reconocimiento a la labor de los empleados públicos debe ser proporcional al esfuerzo realizado durante estos años de crisis”, destacó Miguel Borra en declaraciones a los medios de comunicación, tras el anuncio realizado por el ministro de Hacienda. De entrada, CSI-F entiende que el Gobierno debe abonar la paga extra de Navidad de 2012, en línea con los múltiples pronunciamientos judiciales que se están produciendo en todo el Estado.

En su opinión, esta devolución debería producirse desde ya, a través de un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado para 2014, que se están tramitando en las Cortes.

Otros asuntos que deberían abordarse serían la compensación económica, por la pérdida del 30 por ciento de poder adquisitivo, o el reforzamiento de las plantillas, que han visto reducido su número en cerca de 400.000 efectivos desde 2011, con el consiguiente deterioro en la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

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