El Gobierno ficha para su batalla contra las fotovoltaicas a los abogados que ‘consiguieron’ el AVE a La Meca

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El Gobierno ficha para su batalla contra las fotovoltaicas a los abogados que ‘consiguieron’ el AVE a La Meca

La defensa de la polémica reforma del sistema tributario de las fotovoltaicas en España ya tiene nombre propio: Herbert Smith Freehills. El ministro José Manuel Soria ha encargado a este despacho de abogados de origen angloaustraliano la representación de sus intereses en algunos de los arbitrajes internacionales solicitados por varios fondos de inversión. El bufete asesoró al consorcio español ganador del AVE a La Meca.

En plena lucha del Gobierno por salvaguardar los primeros pasos de una reforma energética que no termina de completarse, el gabinete de Energía ha encontrado en esta firma internacional experta en disputas de comercio a su principal valedor. Fuentes oficiales de Herbert Smith Freehills han confirmado a EL BOLETÍN la efectiva participación de sus abogados en algunos arbitrajes contra fondos internacionales de inversión en energías renovables. De hacer valer los intereses del Ejecutivo conseguiría su segundo tanto a favor de los intereses del equipo de Rajoy.

La disputa entre Gobierno y fondos, a pesar de haber arrancado en noviembre de 2011, parece estar todavía en sus estadios más incipientes. Supuesto que desde el despacho angloaustraliano con sede en el madrileño Paseo de la Castellana no han podido confirmar. Fuentes conocedoras del proceso, sin embargo, atribuyen a los abogados Eduardo Soler-Tappa y Christian Leathley la máxima responsabilidad en este proceso legal. El primero de ellos, abogado del Estado en periodo de excedencia, es codirector del área de disputas del bufete.

Por su parte, The PV Investors -Los Inversores de la Fotovoltaica-, el nombre bajo el que se han agrupado 16 fondos de inversión en este tipo de energía renovable en contra de las últimas medidas del Gobierno, parecen contar con el respaldo de los abogados de Allen & Overy, expertos también en litigios de comercio internacional. Sus miembros reclaman unos 600 millones de euros en daños por una rentabilidad prometida y nunca alcanzada que las últimas medidas fiscales vuelven a mermar.

Entre los que han acudido al arbitraje, registrado ante los supervisores del Tratado de la Carta de la Energía, figuran los nombres de AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWMLux Energia Solar, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital. Y, entre éstos y el Gobierno, se sitúa la experta Gabrielle Kauffmann-Kohler. Suya será la última palabra en un litigio que ya se dilata en el tiempo.

Kaufmann-Kohler, tal y como figura en el sitio web del organismo supervisor de este tratado internacional en materia de energía, es la presidenta del tribunal arbitral, además de profesora de Derecho en la Universidad de Ginebra y responsable de más de 140 resoluciones a disputas comerciales de gran calado. Además, tiene el honor de haber sido valorada con frecuencia como una de los diez mejores árbitros comerciales del mundo. En la queja de los inversores, registrada bajo el nombre de “Cambios retroactivos al régimen tarifario solar fotovoltaico”, figuran como jueces también Charles Brower y el mexicano Bernardo Sepúlveda-Amor.

Más allá de los fondos demandantes, más de 50.000 promotores de energía solar aguardan en España un laudo definitivo para saber si pueden acogerse a algún tipo de compensación por parte del Gobierno. El Tribunal Supremo español ya desestimó su petición al considerar apropiados y aplicables los recortes decretados por el ministro Soria. Mientras tanto, desde La Moncloa se barajan iniciativas como el traspaso al ‘banco malo’ de muchos de estos activos en los que los bancos invirtieron abultadas sumas de capital a la espera de una rentabilidad que por el momento no llega.

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