La Confederación de la Industria Británica (CBI, por sus siglas en inglés), el lobby financiero más poderoso de Reino Unido, ha presionado a Bruselas para que dé marcha atrás antes de implantar la tasa sobre las transacciones financieras que presentó formalmente la semana pasada. Según un estudio publicado por la CBI, en los próximos tres meses unos 8.000 trabajadores británicos vinculados a este sector perderán su empleo debido, entre otras cosas, «a las arenas movedizas que suponen las últimas regulaciones».
El documento, además, señala que el temor que encierra la recuperación global ha conllevado que, por primera vez en dos años, muchas compañías no esperen una mejora en sus beneficios en este último trimestre del 2011. Las autoridades británicas ya se opusieron la semana pasada a la propuesta que hizo la Comisión Europea de imponer este impuesto, una medida que sí secundaron tanto París como Berlín.
La Citi, principal bastión de la industria de los hedge funds que operan en el Viejo Continente, ha montado en cólera y el Gobierno británico, liderado por el conservador David Cameron, no ha apoyado la propuesta de Jose Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, al defender que una tasa de estas características debe ser impuesta de forma global.
Contra la opinión de Londres se han situado Francia y Alemania. Los dos principales motores económicos del euro defienden que el nuevo impuesto recaudará hasta 55.000 millones de euros anuales que contribuirán a fortalecer la estructura de la divisa comunitaria, fuertemente dañada por la crisis. Según la propuesta de Bruselas, las transacciones que afecten a bonos o acciones conllevarán el pago del 0,1% de su valor total. Ambas partes -incluso si una de ellas se encuentra fuera de la UE- correrán con el gasto.
