El Gobierno continúa sin dar cifras de la financiación autonómica

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El Gobierno continúa sin dar cifras de la financiación autonómica

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tampoco facilitó hoy las cifras que corresponderán a cada comunidad autónoma durante su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso. Pese a las preguntas de todos los grupos, la ministra se escudó en la necesidad de que se produzca la liquidación de las cuentas de 2009, para poder hacer las comparativas de las que deducir la financiación que corresponderá a cada comunidad.

Salgado confirmó una vez más, sin embargo, la cantidad de 11.700 millones de euros previstos en recursos adicionales, que se repartirán una vez el nuevo modelo sea aprobado. Además, la ministra quiso transmitir a los grupos su voluntad de seguir hablando de este tema «en las próximas semanas y meses», hasta que el modelo sea aprobado por el Consejo de Ministros, y posteriormente presentado a votación en las Cortes.

En un discurso en el que alabó el nuevo modelo de financiación, del que aseguró se trata «del más avanzado de los que se han presentado nunca, y el que ofrece mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal para las comunidades», Salgado destacó que su preparación se ha basado «en la evolución poblacional de cada región», y en «la búsqueda de un sistema igualitario de servicios sociales para los ciudadanos de toda España». Además, aseguró que el nuevo sistema «favorecería y potenciaría la convergencia económica entre comunidades, junto a la idea del Estado de Bienestar».

Salgado basó su discurso en la comparativa con el anterior modelo, vigente en la actualidad, de 2001, que aseguró estaba ahora «obsoleto y agotado», partiendo del «significativo y asimétrico aumento de la población en las regiones», que este sistema actual no contempla. Además, criticó que «no garantiza que los servicios públicos tengan la misma financiación en todo el territorio, que no se tiene en cuenta adecuadamente ni la población joven ni los mayores y su gasto sanitario».

Según la ministra, el actual acuerdo, que «está ratificado por todos los Gobiernos de las comunidades, sin que haya habido quejas de ningún tipo», pretende solucionar estos problemas. Por ello aseguró que el acuerdo tendrá en cuenta el aumento de población sufrido desde 1999; la dedicación del 80% del presupuesto a los servicios públicos, la reducción de las diferencias en la financiación per cápita ajustada; la división en siete grupos de la población sanitaria protegida; y el ajuste anual a los cambios poblacionales y a la realidad demográfica de cada CCAA. Con esto, Salgado aseguró que el Ejecutivo «se compromete a incorporar recursos adicionales para reforzar el Estado de Bienestar».

Por su parte, los grupos se mostraron bastante críticos con la ministra por su reticencia a dar cifras, «aunque sea orientativas» sobre las cantidades que recibirá cada región. Así, el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, pidió repetidas veces durante la comparecencia estos datos, a lo que fue respondido por la ministra que en el modelo de 2001, presentado por Montoro, tampoco se ofrecieron cifras hasta que no se produjo la liquidación de ese año. También quiso saber el portavoz popular de dónde iba a sacar el Gobierno el dinero que «está prometiendo a todo el mundo», teniendo en cuenta el descenso de los ingresos tributarios que está sufriendo el Estado, por causa de la crisis. En esta ocasión, en cambio, se respondió él mismo, asegurando que el Gobierno «va a crear y engordar la deuda».

Por este motivo, Montoro aseguró que el nuevo modelo es «claramente inoportuno, partidista y sectario», y que iba a provocar «la división y el enfrentamiento entre los españoles», y fue más allá al asegurar que «el único objetivo que tiene este modelo es la continuidad del tripartito del Gobierno catalán, y lograr el apoyo para los Presupuestos del Estado».

En línea parecida se mostró el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, que aseguró que el nuevo modelo «no se ajustaba a lo acordado en el Estatuto». «Ustedes – el Gobierno- nos ofrecieron un edificio sólido, amplio y completo, y lo que sale en este modelo es más una caseta de feria, o una enorme maqueta de cartón piedra», criticó Llibre. Tras esto presentó una batería de preguntas, que fueron prácticamente ignoradas en su mayoría por la ministra, que aseguró que el sistema se «ajustaba fielmente a lo acordado en el Estatut».

Las únicas voces discordantes del resto de grupos fueron las de ICV y ERC, que se mostraron de acuerdo con el nuevo modelo, que calificaron de «sólido y solidario», y criticaron la «falta de responsabilidad» de CiU y PP.

Por su parte, el PNV quiso distanciarse de las críticas, ya que su comunidad no se veía afectada por este nuevo modelo. Aun así, quiso advertir al Gobierno que «España no ha tocado fondo» con la crisis, por lo que le pidió «precaución» a la hora de «repartir el dinero sin mirar». Por otro lado, el Grupo Mixto representado por el BNG y Coalición Canaria, criticaron la «poca consideración» que el nuevo modelo tiene a sus respectivas comunidades, teniendo en cuenta «la desventaja» que tiene respecto al crecimiento poblacional. Salgado aseguró que en previsión a esto, la financiación tendrá en cuenta «aspectos distintos» a la hora de evaluar a las comunidades con menor crecimiento demográfico.

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