Los reguladores de la UE, más duros con el ‘short selling’

Economía

Los reguladores de la UE, más duros con el ‘short selling’

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, ha anunciado que el regulador exigirá a los inversores la comunicación de préstamo de acciones, conocido por ‘short selling’ que superen el 0,1% del capital social, actualmente en el 0,25%. También se exigirá que las que superen un umbral superior al 0,5% del capital sean comunicadas al mercado.

Durante el ‘IX Encuentro Financiero Internacional’ organizado por Caja Madrid y el El País, Segura abogó por una regulación más estricta sobre las posiciones cortas, al considerar “innegable que esta operativa puede favorecer conductas incompatibles con la adecuada formación de precios”.

Así, Segura confirmó que el Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR), donde participa la CNMV, “alcanzó ayer un acuerdo con relación a los requisitos de transparencia sobre posiciones cortas que se ha puesto hoy a consulta pública” con el objetivo de establecer un régimen común de comunicación a los supervisores que se aplicaría tanto a valores financieros como no financieros.

“La operativa de short selling es un claro exponente de la necesidad de contar con estándares europeos homogéneos y de los problemas de la proliferación de normativas locales, tal y como han evidenciado los participantes del mercado. Por ello, la organización mundial de supervisores de mercados de valores (IOSCO) ha emitido recientemente un documento de principios en el que, básicamente, se establece un régimen de transparencia de las posiciones cortas.”, declaró Segura.

Asimismo, el presidente de la CNMV defendió la simplificación del abanico de productos, así como la mejora de la transparencia de los mercados y la reducción del riesgo en contrapartida. En este sentido, Segura afirmó que “una parte importante de los instrumentos de renta fija privada y derivados internacionales se negocian en mercados no organizados con altos grados de opacidad donde no existen requisitos de información pública sobre los términos de las transacciones”.

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