Arturo Fernández Álvarez, vicepresidente de la CEOE, presidente de la patronal madrileña y de la Cámara de Comercio tiene muchos enemigos en el mundo empresarial precisamente colegas de la hostelería madrileña, un sector con el que ha tenido muchos enfrentamientos por sus numerosos negocios nacidos al calor del PP y que se frota las manos por su caída en desgracia.
Amigo de la infancia de Esperanza Aguirre, que fue su compañera en el Colegio Británico, sus contactos con los dirigentes ‘populares’ le han valido una posición privilegiada de la que los números hablan por sí solos, como demuestra el hecho de que gestione la cafetería de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados, del Tanatorio de la M-30 o de Torrespaña, la de la Tesorería de la Seguridad Social, la del Hospital Infanta Leonor de Vallecas o el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, por poner algunos ejemplos.
Contactos en las filas del PP que ha engrosado con el fichaje el año pasado de la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, a la que ha hecho vicepresidenta de CEIM.
Sus detractores le acusan de vivir del Boletín Oficial del Estado, en alusión a todos los negocios que tiene vinculados con la Administración Pública, y ese supuesto trato de privilegio es algo que le recriminan los hosteleros madrileños.
El último capítulo de los enfrentamientos que mantiene Arturo Fernández con sus compañeros hosteleros es a cuenta de la normativa de la Comunidad de Madrid que da luz verde a la celebración de eventos y fiestas en fincas privadas, ya que las federaciones correspondientes de la CEIM le han ‘sacado los colores por ello y le han pedido explicaciones por no haberles informado.
Estos hosteleros recuerdan, aunque prefieren hacerlo en privado, que muchos de los dueños de las fincas que van a aprovecharse de la nueva normativa son amigos de Arturo Fernández, como Carmen Cafranga, íntima amiga además de la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero.
Precisamente, la normativa que permite organizar fiestas en fincas privadas fue muy criticada por las organizaciones ecologistas que acusaron al presidente de la Comunidad de Madrid de “legalizar los negocios clandestinos de aristócratas y terratenientes del PP en la sierra de Madrid”.
Pero este no es el único frente que le abrieron al ‘hostelero del régimen’ sus colegas. Se rumoreó que pretendía hacerse con los tradicionales kioscos que se encuentran repartidos por el madrileño parque del Retiro por lo que dieron la voz de alarma. El empresario negó que estuviera interesado en el negocio y, de hecho, no se ha hecho con ningún kiosco, aunque los hosteleros que denunciaron su intención creen que no lo hizo por la polémica suscitada.
