El informe anual del Banco de España recomienda que las comunidades autónomas realicen un mayor esfuerzo en la transparencia de su ejecución presupuestaria, lo que se conseguiría mediante el establecimiento de sanciones a las regiones ‘díscolas’ que vayan más allá de la actual restricción a la emisión de nueva deuda.
Una medida que, según Ordóñez, debe valorarse “muy positivamente” pero que sin embargo no consigue la disciplina que sería deseable. Una opinión muy en la línea de lo que la agencia de calificación Moody’s sugería hace unos días al analizar el presupuesto catalán, que duplicaba el déficit que había recomendado el Gobierno.
Desde el BdE se reconoce la dificultad que entraña fijar estas sanciones, por lo que por el momento apuesta por la fijación de un techo de gasto obligatorio en todas las regiones españolas.
En la misma línea, el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha propuesto al PP buscar un pacto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Congreso para que sean las propias autonomías las que se fijen su techo de gasto de acuerdo con unos parámetros comunes de equilibrio presupuestario.
Chaves ha respondido así al popular Cristóbal Montoro hoy en el Congreso, ya que el Gobierno “no puede imponer unilateralmente” el techo de gasto y es hora de que el PP “esté dispuesto a sumar”. De las regiones gobernadas por los populares, sólo Galicia tiene fijado un tope de gasto voluntario en sus presupuestos.
