La Fiscalía ha instado al Tribunal Supremo que inadmita la querella presentada IU, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda contra Juan Carlos I tras la regularización fiscal que presentó ante Hacienda, que ampliaba una anterior contra el emérito tras conocerse los pagos realizados con tarjetas opacas con dinero supuestamente vinculado al empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Según este escrito, la querella contiene argumentos que ya fueron rechazados anteriormente por la Sala y, respecto de los nuevos, no cabe admitirla porque ya están siendo investigados en las diligencias abiertas hace varios meses y que coordina el recién nombrado teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.
Así, según recoge Europa Press, recuerda que las diligencias de Investigación de la Fiscalía se encuentran pendientes de la práctica de varias diligencias, “cuya realización será decisiva para determinar la participación que la persona investigada hubiese podido tener en la realización de tales hechos, y la consideración técnico-jurídica que los mismos pudieran merecer”.
Añade, además, que “solo en el supuesto de que la persona del investigado (u otra u otras en su caso) fuesen presuntamente responsables de hechos con significación penal, el Fiscal interesaría su inmediata judicialización formulando la oportuna denuncia o querella”.
La Fiscalía indica también que la solicitud de reapertura no señala en qué nuevos elementos de prueba pretende basar su petición. El Auto de 27 de julio de 2020 del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó una reapertura parcial de la llamada ‘Pieza Carol’ únicamente respecto de hechos imputables a otras personas, manteniendo el sobreseimiento respecto al resto, y dicha pieza fue de nuevo archivada por el mismo Juzgado por Auto de 28 de octubre de 2020.
Esta querella acusa al emérito de la presunta comisión de un total de 13 delitos y está dirigida, además de contra él, contra su examiga Corinna Larsen, el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón.
La ampliación que ha merecido el nuevo informe de la Fiscalía completa los nombres con los del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, al servicio del rey emérito y que habría actuado supuestamente como testaferro en el pago de diversas facturas; y menciona la regularización fiscal que Juan Carlos I presentó ante la Agencia Tributaria en relación con el uso de esos fondos.
