Cs pide en el Congreso un registro nacional de los vacunados contra el covid-19 y cesar a los políticos que se adelanten

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Cs pide en el Congreso un registro nacional de los vacunados contra el covid-19 y cesar a los políticos que se adelanten

Lleva a los Parlamentos autonómicos una propuesta para que todos los partidos se comprometan a destituir a quienes se salten la cola".

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas

Ciudadanos ha propuesto en el Congreso de los Diputados que el Gobierno establezca un registro nacional de las personas que se han vacunado contra el coronavirus y que todos los partidos se comprometan a pedir la dimisión o destituir a aquellos cargos públicos que se vacunen antes de que les toque su turno según los protocolos establecidos.

A través de una proposición no de ley registrada este viernes, Cs plantea que la Cámara Baja inste al Ejecutivo a «garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la publicación de toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación» y a crear «un registro único de vacunación a nivel nacional».

En segundo lugar, pide que el Gobierno y todas las formaciones políticas con presencia institucional en todos los niveles de la Administración pública asuman «el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o altos cargos, que se salten el plan de vacunación o que incumplan el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición».

En su iniciativa, que se debatirá y votará en el Pleno del Congreso, la formación naranja señala que quienes incurren en ese comportamiento están «perjudicando a las personas que realmente necesitaban con prioridad la vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles».

Además, Ciudadanos llevará una iniciativa similar a todos los Parlamentos autonómicos para instar a los distintos gobiernos regionales a «publicar toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación, así como sobre los registros establecidos», en pro de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y, al igual que en el Congreso, plantea un «compromiso ético» de los gobiernos y de todas las fuerzas políticas para exigir la dimisión o destituir a los políticos que incumplan el plan de vacunación para inyectarse la dosis antes de que les corresponda.

UN COMPORTAMIENTO «LEJOS DE TODA ÉTICA»

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha mantenido una reunión telemática este viernes con los coordinadores autonómicos del partido para preparar esta iniciativa parlamentaria, y en la rueda de prensa posterior ha defendido que es «una cuestión de justicia», para que las vacunas lleguen en primer lugar a quienes más la necesitan, y también de «ejemplaridad».

«No puede ser que, en un momento como este, la ciudadanía tenga dudas y sospechas de que la vacunación no se está llevando con unos criterios técnicos y médicos», sino que se inmuniza «al primero que llegue de los partidos políticos», ha manifestado.

Según recuerda Cs, el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad estipula que los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización frente al Covid-19 son los residentes y el personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, así como el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, les seguirán por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

Por ello, lamenta que en estos días se hayan conocido varios casos de políticos, de distintos partidos y territorios, que se han vacunado «saltándose completamente el protocolo», según el cual por ahora solo deben recibir la dosis personas cuyo trabajo exige contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas por coronavirus.

Ciudadanos ha advertido de que este comportamiento «totalmente irresponsable y lejos de toda ética» implica que, en un momento de «absoluta escasez» de vacunas, haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y personas de colectivos de riesgo que se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden.

ALTOS CARGOS VACUNADOS EN MURCIA

Arrimadas ha destacado que entre ese grupo de «políticos caraduras que se han saltado la cola» está el que fuera el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, que, «si no fuera por Cs», que exigió a su socio de gobierno, el PP, que le destituyera si él no dimitía, aún «seguiría en su puesto».

La líder de Ciudadanos ha apuntado que este no es un caso aislado y que hay otros cargos del PP, del PSOE y de otros partidos que han actuado de la misma manera, por lo que ve necesario ese «compromiso ético» de los partidos para que los políticos que se planteen vacunarse antes de que les toque «sepan que va a tener consecuencias».

Respecto a la situación en Murcia, donde Cs ha pedido conocer qué otros altos cargos y funcionarios de la Consejería de Salud se han vacunado, Arrimadas ha dicho que ya han recibido los datos y los están analizando. «En función de esa información, seguiremos o no con la comisión de investigación», ha añadido.

Sobre el hecho de que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, y otros cargos militares hayan recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha afirmado que el Gobierno debe decidir a qué colectivos prioriza según lo que digan los expertos, y que entre esos grupos prioritarios están los colectivos vulnerables y las personas que están prestando servicios públicos en contacto con la ciudadanía.

EL GOBIERNO DEBE COORDINAR A LAS COMUNIDADES

La formación naranja subraya en sus iniciativas parlamentarias que el resultado exitoso de la vacunación en España y la rapidez con la que se complete el proceso serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia.

Sin embargo, con «las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España», ve difícil alcanzar el objetivo fijado por el Ministerio de Sanidad, llegar al menos al 60% de la población.

Para remediarlo, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez «una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas» para garantizar que la vacuna llega a los grupos prioritarios en esta primera etapa y para acelerar el proceso. También apuesta por atajar «la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación».

En este contexto, Arrimadas ha solicitado «unos criterios claros» sobre cómo vacunar y a quién vacunar y ha insistido en una «estrategia nacional» dirigida por el Gobierno de España, porque actualmente cada comunidad autónoma «está haciendo lo que puede, con estrategias diferentes» en cada una de ellas.

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