El Banco de España asegura que el veto a los dividendos no ha tenido impacto negativo para la banca

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El Banco de España asegura que el veto a los dividendos no ha tenido impacto negativo para la banca

De Cos afirma que hay margen para más fusiones en España y otros países europeos, donde se detecta un cierto exceso de capacidad.

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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que la restricción del Banco Central Europeo (BCE) al pago de dividendos no ha tenido un impacto significativo aparente, al menos en la mayor parte de los sistemas bancarios europeos.

Según ha explicado durante la clausura del Spain Investors Day, si bien el coste del capital de las entidades bancarias repuntó sustancialmente después de la irrupción de la pandemia, dicho aumento se ha corregido en su totalidad tras la implementación de la amplia batería de medidas mitigadoras, «sin que la recomendación sobre la restricción de dividendos haya tenido un impacto significativo aparente, al menos en la mayor parte de los sistemas bancarios europeos».

El gobernador del Banco de España ha puesto en valor que la restricción al reparto de dividendos ha permitido a las entidades incrementar sus colchones de capital, y ha señalado que el efecto positivo de la medida «es complementario y se ve potenciado por otras decisiones que han adoptado las distintas autoridades económicas», liberando buena parte de los colchones macroprudenciales y mitigando el impacto de la pandemia en sus cuentas de resultados.

Aunque a finales de diciembre el BCE revisó su recomendación, flexibilizándola, Hernández de Cos ha resaltado que se sigue requiriendo un enfoque prudente, dado que el impacto de la pandemia no se ha manifestado plenamente en los balances de las entidades, que siguen beneficiándose de diversas medidas de respaldo público y que los deterioros crediticios se producen con retraso temporal.

En este sentido, ha recordado que las proyecciones sugieren que «se va a producir un aumento significativo de la tasa de dudosos en los próximos trimestres, incluso en el escenario más benigno», por lo que, además de considerar justificado el mantenimiento de gran parte de las medidas excepcionales de apoyo a la economía, el gobernador ha reclamado a las entidades que garanticen un reconocimiento adecuado y a tiempo del deterioro efectivo de la calidad de las exposiciones crediticias a través del cumplimiento de las guías supervisoras.

En concreto, Hernández de Cos ha destacado que las entidades españolas han incrementado su dotación de provisiones un 75% en los nueve primeros meses de 2020 respecto al mismo período del año anterior. «El mantenimiento de este grado de esfuerzo en los próximos trimestres permitiría cubrir el grueso de las necesidades de provisionar que anticipan las pruebas de resistencia en el escenario más probable para este y el próximo año», ha apuntado.

LAS ENTIDADES TENDRÁN TIEMPO PARA REPONER SUS COLCHONES DE CAPITAL

Por otro lado, el gobernador del Banco de España ha hecho referencia a los colchones de capital acumulados, cuya utilización permitiría a las entidades proporcionar más financiación a la economía real.

Según ha reconocido, la utilización de los colchones «puede dificultarse» si las entidades temen que alcanzar unas determinadas ratios de capital puede ser penalizado en los mercados financieros, lo que encarecería su coste de financiación y podría afectar a sus niveles de solvencia.

«Este efecto estigma en los mercados podría llevar a las entidades a evitar el uso de los colchones de capital, lo que, de acuerdo con el análisis anterior, generaría un efecto negativo sobre la economía», ha advertido.

De igual manera, ha señalado que la utilización de dichos colchones de capital se puede dificultar si existen dudas respecto a su proceso de reconstrucción tras la crisis.

Por ello, ha resaltado que resulta «crucial» una comunicación clara por parte de las autoridades macro y microprudenciales, tanto sobre la capacidad de hacer uso de los colchones como sobre la flexibilidad en su reconstrucción posterior.

«En este sentido, las autoridades hemos dejado claro que las entidades tendrán tiempo suficiente para volver a cumplir con los requerimientos de capital y que el inicio del proceso nunca se hará antes de que los principales efectos de la pandemia se hayan disipado», ha asegurado.

MARGEN PARA MÁS FUSIONES

Durante su intervención, Hernández de Cos ha sostenido que las entidades deben seguir profundizando en las ganancias de eficiencia, reduciendo costes y utilizando más intensivamente las nuevas tecnologías, un objetivo para el que los procesos de consolidación del sector «pueden ser un instrumento útil».

«Parece existir margen para estas operaciones en España y en otras jurisdicciones europeas, donde los indicadores sugieren un cierto exceso de capacidad. Lógicamente, estas operaciones son responsabilidad de los propietarios de las entidades y nuestro papel, como supervisores bancarios, consiste en analizar la viabilidad del negocio de los proyectos de fusión que se nos presenten», ha señalado.

En cuanto a las operaciones transnacionales europeas, Hernández de Cos cree que serían «particularmente positivas», dado que permitirían profundizar en la Unión Bancaria, minorar el nexo de riesgo bancario soberano e incorporar mayores posibilidades de diversificación, al tiempo que favorecerían la posibilidad de formar bases de clientes más amplias entre las que distribuir el coste de las inversiones tecnológicas, si bien tendrían un impacto inmediato más limitado en la reducción de costes.

Previamente, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que, después de muchos años de reestructuración, «el sector financiero no es el problema, sino parte de la solución» y ha subrayado, en un contexto de fusiones bancarias, que la prioridad es asegurar el buen funcionamiento del mercado y garantizar una «posición saneada» de la banca.

Calviño también ha resaltado las medidas lanzadas por el Gobierno, como los avales del ICO, que han permitido la canalización de más de 115.000 millones de euros en crédito a 600.000 empresas, principalmente pymes y autónomos, para ayudar a hacer frente a sus necesidades de liquidez e inversión.

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