Sabor agridulce tras la aprobación por parte del Gobierno de la suspensión de los desahucios de alquiler de familias sin alternativa habitacional y del corte de suministros. Así se sienten algunos colectivos sociales, que celebran el paso dado por el Ejecutivo de coalición, aunque no esconden sus ‘peros’ a un decreto que ven “insuficiente” y “descafeinado”. Tal y como ya reconoció el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, “no es la panacea” pero ayudará a las familias.
“A pesar del decreto, los desahucios seguirán”, afirma la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que lamenta que “la lotería de dinero público” haya recaído en la banca y en los fondos buitre. En su opinión, el texto “sale descafeinado frente a la emergencia habitacional”. Para el colectivo “el lobby financiero impone la dirección al Gobierno de Sánchez, amparados por Economía y Justicia” y enumera algunos de los aspectos negativos que tiene el documento aprobado.
En primer lugar, la PAH censura la “corta duración de su vigencia”, fijada sólo hasta el fin del estado de alarma, previsto hasta de 9 de mayo. “Sabemos que las consecuencias socio-económicas de la crisis sanitaria van a ser más prolongadas”, asegura la plataforma, por lo que insiste en que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta que vea la luz la Ley de Vivienda Estatal que responda a sus “demandas”.
Asimismo, no están de acuerdo con las compensaciones que se establecen para grandes tenedores, “quienes jamás nos han compensado del rescate en la crisis anterior”. “Es una inmoralidad y un disparate que se destine dinero público a la banca rescatada”, quienes, según critican, “se permiten el lujo de no pagar impuestos al estar en paraísos fiscales o tener un trato fiscal de favor”. Este colectivo no entiende ni acepta la “cesión del Gobierno a corporaciones cuyo único objetivo es ganar cuanto más dinero mejor”.
No obstante, sí que ven aspectos positivos, como la prohibición de los desahucios de alquiler para personas cuya vulnerabilidad comenzara también antes de la pandemia, además de que garantiza que no puedan ser cortados los suministros básicos, como luz, agua o gas. La PAH deja claro que seguirá luchando para mejorar la norma.
Para el Sindicato de Inquilinos de Madrid el real decreto “no solo exonera a los responsables del problema, sino que les premia con dinero público”, ya que señalan que “ningún sector ha sido a la vez tan poco perjudicado y tan sobreprotegido, en lo que va de pandemia, como el inmobiliario”. Este movimiento “celebra los avances” que conlleva, pero “contiene la alegría por lo descafeinado y provisional de las medidas”.
Según reconoce, “constituye un alivio para muchas familias”, aunque no quieren pasar por alto que “no deja de ser una medida escasa y corta de miras” y pone el acento en “lo obsceno” que es que “se vaya a compensar económicamente a los grandes tenedores de vivienda cuando son los principales responsables de que tantas familias se encuentren al borde del desahucio”.
Además, el sindicato de inquilinos incide en que “no es más que una medida de emergencia”, ya que “pospone, sin cortar de raíz, la gigantesca ola de desahucios que se avecina en mayo”. Ante esto, reclaman también la aprobación inmediata de una Ley de Vivienda de ámbito estatal que “responsabilice a las administraciones de una vez por todas de proteger el derecho de todos a una vivienda digna”.
Sus ‘compañeros’ en Cataluña, el Sindicat de Llogateres, también insiste en que “el problema de fondo persiste” ante una paralización de los desahucios que sí que son “un pequeño respiro para miles de familias”. En su opinión, la vivienda “sigue sometida a los intereses de un mercado inmobiliario cuya prioridad es mantener los precios artificialmente altos a pesar de todo”. Por ello, claman por continuar desarrollando la ley para que reduzca los precios del alquiler.
Desde Cáritas saludan la suspensión de los desahucios y la prohibición del corte de suministros a los más vulnerables, “una medida urgente y necesaria” y ya demandada en varios informes. Hasta aquí los comentarios positivos, ya que alertan de “algunos aspectos sin resolver” que provocarán que muchas personas se queden sin poder acceder a ello. La organización destaca que la situación de “sobrecarga y bloqueo de los Servicios Sociales”, claves en el proceso, “se torna de muy difícil o imposible cumplimiento”.
“Tanto es así que puede dejar sin efecto el objetivo de la medida urgente de la suspensión de desahucios”, señala Cáritas, que lamenta que, por ejemplo, aquellas familias con hijos mayores de edad a cargo se queden fuera de la posibilidad de solicitar la suspensión. Asimismo, se queja de la “temporalidad de las medidas” (hasta el 9 de mayo), que provoca que se ofrezca una “respuesta insuficiente”.
Por esto, y otros motivos, Cáritas llama a adoptar políticas públicas que hagan efectivo el derecho humano a la vivienda “para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social”, además de establecer “medidas activas para la protección de las familias frente a la vulnerabilidad energética”.
