El Congreso tumba el intento de PP y Vox de mantener y ampliar las penas para los piquetes

El Congreso tumba el intento de PP y Vox de mantener y ampliar las penas para los piquetes

La proposición del PSOE para derogar el apartado 3 del artículo 315 sigue su tramitación parlamentaria tras el amplio rechazo a las enmiendas de los de Casado y Abascal.

Fachada del Congreso de los Diputados

El Congreso ha tumbado el intento de PP y Vox por mantener y ampliar las penas de prisión y sanciones para los piquetes de huelga. La Cámara ha rechazado por mayoría las enmiendas a la totalidad de ambos partidos a la Proposición de Ley Orgánica del PSOE para derogar el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, que continúa su trámite parlamentario.

La enmienda de los de Pablo Casado ha contado con 142 votos a favor, 195 en contra y 8 abstenciones, mientras que la de la formación liderada por Santiago Abascal ha reunido 54 ‘síes’, 290 ‘noes’ y 1 abstención.

La proposición de ley del Partido Socialista plantea la supresión del mencionado apartado 3, aprobado en 1995, que fija que “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Para el PSOE con la aplicación de este precepto “se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical”. De ahí que defienda su eliminación. Tras el rechazo a estas enmiendas a la totalidad, la iniciativa sigue con su tramitación.

El PP sostenía en su enmienda con texto alternativo la necesidad de mantener el redactado al respecto en el Código Penal. Vox, por su parte, abogaba por incrementar las penas, tanto en lo relativo a la prisión como en las sanciones económicas.

Las reacciones a la votación no se han hecho esperar y CCOO y UGT han celebrado “el comienzo del fin del artículo del Código Penal que criminalizaba el derecho de huelga”. Según los sindicatos, “es un día de celebración para los demócratas de este país”, ya que, en su opinión, se trata de una norma “antidemocrática, desproporcionada e injusta que criminaliza a las personas que ejercen un derecho fundamental recogido por la Constitución”.

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